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Los griegos han comenzado a sentir rayos de luz en medio de las tinieblas en que sumió la economía el endeudamiento excesivo. Pese a las encendidas protestas sociales, representa un respiro la aprobación del plan de austeridad con que el Gobierno busca restablecer la solvencia de la atribulada nación europea. El endeudamiento y el maquillaje de la economía figuran entre las mil y una triquiñuelas de que se valieron las anteriores autoridades para mostrar a una Grecia en condiciones de ingresar a la Unión Europea. Las maniobras han pasado factura y el precio a pagar por los griegos ha sido oneroso. Para evitar caer en suspensión de pago, el Gobierno ha tenido que recurrir a nuevas alzas impositivas  y recortes en los programas sociales. No ha sido una tarea sencilla para el primer ministro Yorgos Papandreu, sometido a fuertes presiones políticas y sociales. La decisión de la banca europea de ampliar el plazo de pago a Grecia ha contribuyó a allanar el camino y rebajar las tensiones que acorralan al Gobierno socialista. El plan de austeridad supone el desembolso de 12 mil millones de euros para evitar que Grecia incumpla con el pago de la deuda. Y que su situación afecte el euro y otras economías europeas.

Insólito recurso

Arroja más sombras sobre la transparencia que la Asociación de Industriales de Muebles tenga que recurrir a un recurso de amparo para que el Gobierno cumpla con el porcentaje que corresponde a las pequeñas y medianas empresas de las compras públicas. La violación, además de convertirse en una estocada para un sector de gran incidencia en la economía, también afecta la seguridad jurídica. La entidad dice que el reglamento 490 de la Ley 488-08 consigna entre un 15 y un 30 por ciento de las compras públicas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Confiados en la aplicación de la ley, los industriales del mueble y otros sectores hicieron las inversiones necesarias para competir en el mercado. Pero tanto la inobservancia del reglamento como los crecientes costos han sacado de circulación a muchos negocios. El Gobierno no ha debido permitir que se tenga que elevar un recurso de amparo para garantizar el cumplimiento de la ley.