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Disturbios en Salcedo
Disturbios en Salcedo por la muerte de un deportista, ocurrida el 12 de este mes, han dejado dos personas heridas, cuantiosos daños materiales y tensado todavía más la atmósfera. Apenas 72 horas después de unas elecciones cuyos resultados son cuestionados por el partido más votado, las protestas por la muerte del deportista Héctor Ramón Medina, de 27 años, merecen atención.

 La gente ha quemado neumáticos, arrojado desperdicios a las calles y protagonizado confrontaciones en demanda de que se capturen y sometan a los tribunales a los presuntos homicidas de Medina. De acuerdo con versiones, no fueron agentes uniformados de la Policía sino personas vestidas de civil quienes ocasionaron las heridas de bala los estudiantes Anabelka Ríos, de 22 años, y a Rafael Abreu, de 24. Ninguno participaba en los disturbios, que comenzaron a tempranas horas de ayer en el sector El Chucho y se propagaron como reguero de pólvora por toda la ciudad. Con lo volátil que está el ambiente la Policía debe emplearse a fondo para esclarecer cuanto antes la muerte del deportista, y eliminar, de esa manera,  motivos para nuevas protestas sociales. Son muchos los que están en ánimo de agarrarse de cualquier cosa para expresar su indignación.

Sueldos e ingresos

El senador Félix Nova Paulino ha planteado el presidente electo que se aboque a reducir los sueldos que excedan los 500 mil pesos mensuales. La sugerencia parece sensata, pero lo fuera todavía más si en lugar de sueldos se hablara de ingresos y privilegios, que es lo realmente alarmante. Los emolumentos de lujo que devengan los funcionarios son una afrenta contra la pobreza y los ingresos de servidores como maestros y policías. Pero también privilegios como el barrilito de los propios senadores, a través del cual algunos reciben hasta un millón de pesos mensuales para supuestas acciones sociales, además de exoneraciones abiertas para la importación de vehículos, dietas y viáticos. También cuentan con oficinas  pagadas por el contribuyente. Esos elementos son para que además de una reducción de los sueldos de los funcionarios se contemple un reajuste de los ingresos.  Así  tampoco podrían arreglárselas para completar por otro lado una  reducción de sueldos.