El ministro de Industria y Comercio tuvo que solicitar una investigación y el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) protagonizar un piquete para la Procuraduría General de la República anunciar que se procederá sobre la supuesta mafia en el negocio de los combustibles que insistentemente se ha denunciado.

El presidente del gremio empresarial, Juan Hubieres, no solo reclamó la intervención del Ministerio Público sobre las alegadas operaciones irregulares en la importación y distribución del gas, sino que se querelló, con constitución en parte civil, contra el ministro Nelson Toca Simó, el exministro de la cartera José del Castillo Saviñón y la empresa Coastal.

La querella puede parecer temeraria en vista de que Hubieres acusa a los imputados de lavado de activos, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y otros delitos en la fijación de precios y comercialización del gas licuado de petróleo.

Además de Fenatrano, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) también ha denunciado una supuesta mafia en el negocio de los carburantes.

La Procuraduría General de la República, que no se sabe las razones por las que no había intervenido, garantizó que la investigación, también solicitada por el titular de Industria y Comercio, se realizará con apego al debido proceso que establecen la Constitución y las leyes.

La seguridad resulta alentadora, pero no está de más observar que Hubieres velará e insistirá para que la pesquisa no sea engavetada