POR: Orión Mejía
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El cerco

El cerco está ya tan estrecho que el buen ciudadano que intente defender el derecho del Estado y del Gobierno a reglamentar la nacionalidad y a legislar sobre el tema migratorio se convierte en blanco fácil de una gendarmería nativa y extranjera decidida a aplastar el más mínimo intento de disidencia ante el proyecto de imponer sobre el territorio nacional la anarquía migratoria.

Esa encerrona pretende acorralar al propio presidente Danilo Medina, quien ha sido objeto de presiones por parte de líderes del Caricom con ínfulas imperiales, pero también de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) que montaron cabezas de playa en el país para degradar al gentilicio dominicano.

Hasta el gobierno de Estados Unidos se maneja con doble moral ante tan evidente trama antinacional, pues el Departamento de Estado censura el trato que se dispensa a indocumentados haitianos que ingresan por el lado oeste de la isla, pero el Pentágono felicita a las autoridades dominicanas por sus ingentes esfuerzos por impedir que esa pobre gente prosiga hacia territorio de la Unión Americana en frágiles embarcaciones.

Nuestro país ha sido víctima de todo tipo de escarnio por la sentencia del Tribunal Constitucional que fija regla y alcance de la nacionalidad y que ordena aplicar un plan de regularización migratoria. Nos han comparado con la Sudáfrica del apartheid y ahora pretenden que se otorgue la ciudadanía a unos 250 mil extranjeros.

El presidente Medina ha dicho y repetido mil veces que el Gobierno no violentará derechos humanos de ningún ciudadano que proclame afectación por la sentencia 168-13; que enviará al Congreso un proyecto de naturalización especial para resolver la situación jurídica de miles de ciudadanos de origen haitiano que obtuvieron actas de nacimiento otorgadas por el Registro Civil.

También se ha señalado que no se producirán deportaciones por efecto de ese fallo del juez de control constitucional, que se proveerá de residencia permanente o temporal a trabajadores y estudiantes haitianos, así como a personas que demuestren arraigo con el territorio, única vía para poder obtener la nacionalidad de conformidad con la ley. ¿Qué más se puede hacer sin colisionar con la Constitución?
En Washington, la CIDH ha montado otro patíbulo contra el gentilicio dominicano al que seguramente condenará por supuestamente despojar de su nacionalidad a más de 200 mil ciudadanos de origen haitiano, una mentira falaz repetida mil veces con la intención de convertirla en verdad. Por esa razón, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aconseja al Gobierno no asistir a ese Coliseo Romano.