Santo Domingo. – El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, advirtió este jueves que no es prudente inquietar a la ciudadanía reintroduciendo el debate sobre la cesantía laboral, cuando desde el inicio el Gobierno ha reiterado que en la reforma al Código Laboral no se modificará ese aspecto.

El legislador reaccionó a las declaraciones de la diputada Carmen Ligia Barceló, quien propuso establecer un tope máximo equivalente a seis meses de salario como límite para el pago de la cesantía. Ante esta postura, Raposo enfatizó que las prestaciones laborales son una conquista histórica de los trabajadores dominicanos, por lo que no deben ser alteradas bajo ningún concepto.

Raposo recordó que el proyecto de modificación al Código Laboral, introducido por el Poder Ejecutivo, fue producto de un acuerdo tripartito entre el Gobierno, el sector empresarial y los representantes de los trabajadores.

En ese sentido, cuestionó que ciertos sectores insistan en “forzar el debate” sobre las prestaciones, cuando ese tema quedó expresamente fuera de los consensos alcanzados.

“No entendemos cómo, a lo largo del proceso de estudio de la pieza, algunos actores han intentado ‘halar por los moños’ el tema de la cesantía, generando confusión innecesaria en la opinión pública”, expresó el diputado.

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Raposo sostuvo que el país debe enfocarse en fortalecer el aparato productivo nacional mediante incentivos a los emprendedores, mejoras en servicios esenciales como el sistema eléctrico y la eliminación del anticipo, pero sin poner en riesgo derechos adquiridos por los trabajadores.

Sobre el proyecto

La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados estudia actualmente cuatro proyectos de ley orientados a modificar el Código Laboral dominicano, vigente desde principios de la década de 1990.

Entre las iniciativas en discusión figura un proyecto que ya fue aprobado en dos lecturas por el Senado, el cual mantiene intacto el régimen de cesantía. Sin embargo, otra propuesta, presentada por la diputada Carmen Ligia Barceló, plantea establecer un límite de seis meses de salario como tope máximo para el pago de este derecho.