Las acciones judiciales contra la corrupción administrativa que han sido iniciadas, son el resultado de múltiples causas. Comprenderlas, equivale a asimilar, explicar e internalizar los cambios que se han venido operando en la sociedad dominicana.

No comprender esa metamorfosis social, es la razón esencial de las sucesivas derrotas que sectores políticos que hasta ayer se consideraban por encima del bien y del mal, han venido sufriendo en los últimos años.

Ascendieron a la cima del poder bajo determinadas características del país; llegaron a alcanzar tales niveles de hegemonía, que los hizo enceguecer y, por ende, no visualizar el nivel de conciencia que iban acumulando amplios segmentos sociales que, creadas las condiciones, les pasaron factura por sus desmanes.

Eso los hizo quedarse rezagados respecto a un colectivo social cada vez más empoderado y en creciente disposición de no continuar tolerando los abusos cometidos que han sido los responsables del atraso histórico que no hemos podido superar.

El mérito de sus sucesores estuvo en saber interpretar de madera correcta los signos de los tiempos y ser capaces de construir una opción con potencialidad para ilusionar en el sentido de que era posible, por su mediación, materializar la expectativa de transformación que en este momento no solo anhela el pueblo dominicano, sino por la cual está dispuesto a luchar.

Asumida la conducción del Estado, se ha actuado en la dirección prometida. Eso ha tenido sus expresiones más significativas en la reiteración en los hechos de la voluntad política de profundizar las adecuaciones institucionales que resultan imprescindibles para el adecentamiento del ejercicio público.

Bastaría citar la designación de una procuradora general de reconocida independencia; el estímulo para una JCE sin militantes partidarios; la prometida Cámara de Cuentas con idéntico perfil, al igual que la recomposición de las altas cortes.

Quien no se monte en esa ola de cambios que ha sido impulsada desde el seno mismo de la sociedad, no tiene garantía de larga permanencia con vigencia política. Para las actuales autoridades, aferrarse al impulso de estas reformas institucionales, es asunto de supervivencia.

Dadas las profundas dificultades económicas como derivación de la pandemia y su secuela de crisis, la única manera de recabar comprensión ciudadana, sería que, al fin, en esta nación, el mal obrar produzca las condignas consecuencias.

Queda claro que, en esta ocasión, amagar y no dar no podría ocurrir sin generarle graves daños a quienes sean cómplices de una nueva decepción.

Por: Pedro P. Yermenos Forastieri
pyermenos@yermenos-sanchez.com