La aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Gastos Públicos y Presupuesto para el año 2012, sin modificaciones, luego de que así lo recomendara la comisión que estudió la pieza, dejó a muchos representantes de la llamada sociedad civil con un amargo en la boca, debido a que consumieron altas dosis de energía reclamando el cumplimiento de leyes específicas que asignan partes de esos recursos a determinados sectores, particularmente la parte que corresponde a Educación, donde la Ley de Educación prevé una asignación del 4% del producto bruto interno o en su defecto, el 16 por ciento del monto presupuestado para el año en cuestión .

Previamente, sin siguiera tomarse la molestia de enviarlo a una comisión especializada, el Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas la pieza enviada por el Poder Ejecutivo.

Desde al pasado año, cuando se formuló y aprobó el presupuesto que se está ejecutando este año, esos sectores incrementaron sus demandas, tomando como referencia que existen muchas leyes, que asignan a determinadas instituciones partidas fijas de los ingresos públicos, a saber, la más conocida de todas, el 10 por ciento a los Ayuntamientos, cuyo estrellato fue superado por el reclamo del 4% del producto interno bruto, o el 16 por ciento del presupuesto anual para Educación.

Pero hay otras leyes que incluso tienen mayoría de edad, como es el caso del 5% del presupuesto nacional para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al Consejo Nacional de la Niñez, se le asigna otro 2% del presupuesto. A Turismo, otra parte fija de los ingresos por concepto de venta de tarjetas de turismo y así sigue, en total, pasan de 15 las leyes, reglamentos y disposiciones que asignan recursos fijos, muchas veces de forma irracional a determinadas instituciones.

Los diputados y los senadores indicaron que, nada, el presupuesto no se modificó debido a que se diseñó en forma conjunta con el Fondo Monetario Internacional, para poder cumplir con la camisa de fuerza o mejor dicho, el acuerdo stand by firmado con esa entidad, que por cierto, entra en su última etapa.

Al parecer, creemos, su diseño se hizo con el fin de que, después de marzo, y suelto de pies y manos, el Gobierno tanga que seguir su política de gastos de acuerdo a lo pactado.

Eso deja a los reclamantes del cumplimiento de las leyes vigentes sobre entrega de las partidas fijas indignados de verdad, debido a que simplemente y a pesar de su capacidad y originalidad de protesta, no se les hizo caso, no se les tomó en cuenta para esos fines y lo único que consiguieron fue una peregrina promesa de los candidatos a la Presidencia de la República, de que en el presupuesto del 2013 a Educación se le entregará el 4% del PIB.

Las demás leyes que asignan recursos fijos, sólo la UASD (con la irracionalidad conocida en hacer sentir sus reclamos y una mayor irracionalidad aun en el uso de los recursos asignados) y los Ayuntamientos, han levantado su voz de protesta, pero estos últimos muy tímida y limitada, debido a que responden a las directrices de sus respectivos partidos.

Entonces, es ahí cuando entramos a dónde queríamos llegar; Una vez, siendo Presidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía, en uno de sus frecuentes encontronazos con algunas de esas entidades de la sociedad civil, les pidió que formaran un partido político y ganaran las elecciones para que hicieran todo eso que ellos decían que había que hacer.

Ese es el dilema de esas entidades y sus voceros, no forman parte de los mecanismos que a la hora de la verdad, como ocurrió con el presupuesto en el Congreso, toman las decisiones. Por qué? Porque no han comprendido que para llegar a incidir en las instancias determinantes del Estado, se debe estar ahí, y para llegar ahí, se debe llegar por los mecanismos establecidos.

El más humilde y menos ilustrado de los Senadores o Diputados, debe tener no menos de 15 años de militancia en sus respectivos partidos y a la hora de tomar una decisión no lo harán en defensa de los intereses de un grupo de ciudadanos bien intencionados agrupados en una organización cívica, sino por lo que determine su partido y sus intereses.

Esa debilidad no es sólo de nuestros indignados locales, sino de todos los indignados del mundo. Tienen razón, pero no tienen poder. Una muestra, el Black Berry y las redes sociales. Un día simplemente, las transnacionaleas que manejan el negocio los dejaron sin señal y punto.