República Dominicana podría enfrentar pérdidas económicas anuales de hasta US$676 millones debido a ciclones tropicales que, actualmente, ocasionan impacto que alcanzan el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB), advierte el informe “Desarrollo en las Américas: Peligro y Promesa” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ante esta vulnerabilidad, el organismo internacional subraya la urgencia de adoptar políticas de resiliencia climática para mitigar los daños económicos de los desastres naturales y fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

El estudio señala que el país caribeño tiene un 1% de probabilidad de enfrentar un huracán de impacto catastrófico cuyas pérdidas podrían superar los US$13,800 millones, es decir, el 11.3% del PIB dominicano.

Este escenario pondría en jaque la estabilidad macroeconómica y social del país, por lo que el BID insiste en que invertir en infraestructura resiliente, protección social y sistemas de alerta temprana no es solo una acción ambiental, sino una estrategia económica de supervivencia.

El documento advierte que el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos —como olas de calor, lluvias torrenciales, tormentas y huracanes— amenaza directamente el crecimiento económico de la región. Las zonas más pobres y de climas cálidos, como República Dominicana, son especialmente vulnerables.

Según The Weather Company y Atmospheric G2, para 2025 se espera una temporada ciclónica muy activa en la cuenca del Atlántico, con la formación de al menos 19 tormentas, de las cuales 9 podrían alcanzar categoría de huracán y 4 podrían ser de categoría 3 o superior, superando ampliamente el promedio de las últimas tres décadas.

Acciones concretas

Además de cuantificar las pérdidas, el informe del BID propone acciones concretas: actualizar los sistemas de infraestructura (agua, transporte, energía), integrar soluciones basadas en la naturaleza, y reforzar los servicios públicos esenciales como salud, educación y empleo.

También recomienda programas de reasentamiento voluntario para poblaciones vulnerables, mejoras en barrios informales y mecanismos de protección social para amortiguar el impacto de desastres sobre las comunidades.

El informe hace un llamado a priorizar la seguridad alimentaria, que también se ve afectada por la variabilidad climática, mediante la promoción de tecnologías agrícolas inteligentes, la diversificación de cultivos y la ampliación de seguros agrícolas, particularmente en regiones rurales.

Para financiar estos cambios, el BID plantea la necesidad de cerrar la brecha de financiamiento climático mediante la movilización de inversiones privadas, el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables y la aplicación de políticas fiscales que fortalezcan la resiliencia sin comprometer la estabilidad fiscal.

El organismo destaca que las políticas climáticamente sostenibles no solo son una defensa frente a los desastres, sino una oportunidad para reducir costos energéticos, mejorar la productividad, generar empleos e incentivar la innovación. En resumen, destaca que invertir en resiliencia climática hoy puede evitar retrocesos económicos profundos mañana.