El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, ha revelado que más de mil funcionarios públicos no han presentado declaración jurada de bienes en violación a la ley 311-14, lo que constituye, además de un incumplimiento a un estatuto legal y de tutela ética, una burla a la sociedad dominicana.

Esos servidores públicos gestionaron o aceptaron desempeñar una función en el Estado con la evidente intención de violentar la ley porque de otra manera no se entienden las razones por las cuales rehúsan entregar un certificado que describa el monto de sus bienes al momento de asumir sus funciones.

El doctor Hugo Álvarez Pérez se limita a informar la exorbitante cantidad de funcionarios que vencido el plazo de ley no han entregado su declaración de bienes, pero no ha señalado las vías de derecho que usaría la Cámara de Cuentas para hacer cumplir la ley.

Tampoco el Poder Ejecutivo ha expresado interés en subsanar una situación que afecta la reputación del Gobierno, en cuyo seno laboran cientos de servidores que por alguna razón rehúsan decir lo que tienen y, obviamente, lo que tendrán cuando cesen en sus respectivas funciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, no ha podido contener la indignación colectiva que provocaron sus expresiones despectivas respecto a la importancia o trascendencia de la ley que obliga a funcionarios públicos a declarar sus patrimonios.

Aun así, alivia saber que ese funcionario ha cumplido en parte, aunque fuera del plazo de ley, al presentar ante la Cámara de Cuentas una certificación sobre sus bienes, en el entendido de que no tenía otra opción, pues se trata de un cumplimiento de carácter obligatorio, no electivo.

Los funcionarios que persisten en violar la ley, que rehúsan o temen publicar una relación de sus bienes, están compelidos a renunciar voluntariamente de los cargos o puestos que ocupan en el Gobierno, Congreso o cualquier otra institución estatal.

El presidente Danilo Medina enviaría una saludable señal de sanidad administrativa y política, si intima a esos rebeldes ante la ley a desalojar hoy mismo sus escritorios por irrespetar un estatuto legal y la confianza que el propio mandatario les dispensó. Una sociedad burlada no espera otra cosa.