El artículo 100 de la normativa procesal, el cual es burlado permanentemente, contiene las siguientes restricciones para aquellas personas que no obtemperan a los requerimientos de la justicia: 1)Impedimento de salida del país; 2)la publicación de sus datos personales en los medios de comunicación para su búsqueda y arresto, siempre que lo juzque conveniente; 3)las medidas de carácter civil que se considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho atribuido, siempre que se haya ejercido la acción civil; 4)la ejecución de la fianza que haya sido prestada; 5) la conservación de las actuaciones y de los elementos de prueba; 6)la designación de un defensor para el imputado en rebeldía, si éste no ha sido designado, para que lo represente y lo asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado.

Recientemente, el periódico El Día publicó una lista de unos veinte acusados de traficar con drogas, liberados mediante garantías económicas por distintos jueces del orden judicial, con la agravante de que varios abandonaron el país y se colocaron inalcanzables a la justicia.

He aquí una lista de implicados en casos de narcotráfico que gozan de libertad al variarse la medida de coerción, según el citado diario: Roberto Tonos (50 Kilos); Dionisio Familia de los Santos (25 Kilos); Roberto Mendoza Manzano (310 Kilos); Félix Sánchez Crispín (310 kilos); Miguel Ángel Espinal (310 kilos); Aníbal Castillo (375 kilos); Freddy Antonio Martínez (310 kilos); Genito Toribio Custodio (862 kilos); Francisco Astacio Torres (862 kilos); Francisco Auriel Pacheco (25 kilos); Rigoberto Valdez (25 kilos); Pablo E. Sánchez Fernández (50 kilos); Germán Sargado Arroyo (25 kilos) y Romero Ramírez Méndez (98 kilos).

¿Cómo puede un país, con este dramático panorama, vivir en paz y sin delincuencia?. ¿Hacia dónde nos llevarán estos caminos?