Cualquier forma de exhortación a violencia o desenfreno debe ser rechazada tajantemente por la ciudadanía, aunque tal incitación se intente justificar con reclamos sociales, económicos o comunitarios, porque las compuertas de la democracia están abiertas de par en par para que la población, si lo desea, ejerza su derecho a la protesta pacífica.

Se define como liderazgo irresponsable aquel que conduce a la colectividad por despeñadero de violación a la ley, como sería la destrucción de propiedades públicas o privadas o la conculcación de derechos ajenos, como la preservación de la integridad física, libre tránsito y la prerrogativa a adherirse o no a convocatorias a manifestaciones públicas.

El más reciente periplo de violencia entronizada, que sus patrocinadores bautizaron como paro verde, tuvo un saldo de dos muertos, varios heridos graves y daños cuantiosos a bienes estatales y particulares, sin que ninguno de los supuestos objetivos de reivindicación social que motivaron esa jornada de temeridad pudiera concretizarse.

Ningún dirigente político, religioso o comunitario puede arrogarse potestad de convocar a la gente a incurrir en tropelías, menos en el marco de una sociedad que ejerce y puede ejercer sus derechos por las vías que señalan la Constitución y las leyes, incluida la delegación a través de sus representantes ante los poderes públicos.

Las autoridades tienen obligación y deber de prevenir la ocurrencia de desórdenes, de hacer cumplir la ley y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, tantas veces conculcados por promotores de irracionalidad, que no llegan a entender que la democracia no se defiende con inferirle cuchilladas en su vientre.

En una sociedad como la dominicana, donde sus resortes democráticos operan satisfactoriamente, resulta inaceptable, por ejemplo, que sacerdotes o feligreses impidan con propios cuerpos el tránsito vehicular por la principal autopista de la República, no solo en violación al derecho a transitar por esa vía, sino con la irresponsable actitud de poner en peligro vidas propias y ajenas.

El lenguaje que convoca a destruir cristales, transitar en vía contraria, impedir docencia o hacer lo que venga en gana, es inapropiado y contrario al pleno ejercicio de un espacio democrático, cuya vigencia ha significado sangre, sudor y lágrimas a buenos y verdaderos dominicanos.

Aunque las autoridades han prometido que cumplirán cabalmente su misión de preservar orden y sosiego, corresponde a la ciudadanía rechazar categóricamente los llamados de incitación a violencia y desenfreno que formulan gente delirante e irresponsable.