La defensa de cuatro imputados de tráfico de drogas solicitó ayer al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, concluir la investigación contra un destituido fiscal de Barahona, ya que alegan que sus clientes llevan cinco meses presos por un hecho que no cometieron.
Mediante un acto de comprobación notarial, el abogado Carlos Manuel Núñez aduce que el suspendido fiscal Iban Ariel Gómez Rubio había realizado un allanamiento en Azua sin orden judicial y violando su jurisdicción.
La instancia depositada en la Inspectoría de la Procuraduría General de la República relata que Gómez Rubio para ejecutar el allanamiento ilegal pidió soporte al fiscal titular de Azua, Dante Castillo, quien alegadamente se presentó al lugar cinco horas después con una orden de arresto.
En las pesquisas fueron apresados Juan Paz y Juan Mesa Patermina, a quienes se les impuso tres meses de prisión preventiva, al atribuirle el tráfico de 198 kilos de cocaína.
En tanto que a Beltilio Ramírez y José Awel Núñez, el Ministerio Público les solicitó una fianza de 20 mil pesos.
En su investigación la Inspectoría General establece que durante el allanamiento se decomisaron mil kilos de cocaína, de los cuales solo tienen en su poder 198 kilos y del resto aún se investiga su destino.
