Reclamo de derechos

La senadora francesa Joelle Garriaud-Maylan ha reclamado de la justicia dominicana debida garantía procesal para que dos compatriotas suyos que guaradan prisión hace más de un año por tráfico de drogas puedan declarar y defenderse ante un tribunal penal, un pedido de derecho que debería ser invocado para todos los justiciables sin distinguir nacionalidad, estatus económico o social.

Esa legisladora ha denunciado que los pilotos galos Pascal Fauret y Bruno Odos, apresados en el aeropuerto de Punta Cana cuando intentaron realizar un vuelo privado a Francia en un avión con 750 kilos de cocaína, no han tenido nunca una audiencia que les permita explicarse y defenderse.
Ya antes, el canciller francés, Laurent Fabius, protestó por la reiterada cancelación de audiencia, y el Sindicato de Pilotos Franceses declaró un boicot a vuelos hacia República Dominicana en reclamo de la liberación de sus colegas que pilotaban un avión trirreactor Falcon 50, en el que se acarreaba el cargamento de drogas.

Aunque el Ministerio Público solicitó al juez de Instrucción declarar el caso como complejo, en esa infracción también fueron implicados militares y empleados de Aduanas, resulta inamisible que la audiencia preliminar para dictaminar medidas de coerción haya sido suspendida en seis ocasiones. Los pilotos fueron detenidos junto a dos pasajeros que abordaron el avión, el 20 de marzo de 2013, por lo que, aun declarado como expediente complejo, el Ministerio Publico ha debido sustentar la acusación y el juez de lo preliminar escuchar los alegatos de la defensa.

El canciller Fabius, la senadora Garriaud-Maylan y el gremio de pilotos deberían entender la gravedad de la acusación que se imputa a los apresados y que se trata de un crimen tipificado como de lesa humanidad, en cuya investigación y posible condena se requiere la cooperación de Francia, por tratarse de narcotráfico internacional.

A los funcionarios franceses y al sindicato de pilotos les asiste pleno derecho, deber y obligación de reclamar juicio diligente y garantía a los derechos de los procesados, cuestión que parece no se ha cumplido cabalmente, si se toma en cuenta que la audiencia preliminar ha sido reenviada en seis ocasiones.

El Estado dominicano está compelido a demostrar en ese caso y en todos los procesos penales o civiles, que es garantista de un auténtico régimen de derechos y de un ordenamiento jurídico que respeta los derechos de todos los intervinientes y que aplica la ley y las sanciones correspondientes sin aceptar presiones de ningún tipo.