A pesar de que 2015 es un año de preparación de complejas elecciones presidenciales, congresuales y municipales, el Gobierno redujo en más de cinco mil millones de pesos la partida presupuestaria solicitada por la Junta Central Electoral (JCE), lo que ha motivado que esa institución confronte serias dificultades económicas.

El despido de más de 300 empleados, la suspensión del proceso de cedulación en el exterior y la cesación de pagos a los acreedores, son algunos de los problemas derivados de la falta de fondos que agobia a la JCE.

Aunque el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, ha prometido que el Gobierno entregaría partidas adicionales a la Junta, no se ha dicho siquiera de dónde provendrían esos fondos y si estarían disponibles en tiempo prudente.

La JCE solicitó una provisión de fondos para 2015 de ocho mil 700 millones de pesos, pero apenas se consignaron en el Presupuesto Nacional, unos mil 150 millones, lo que sin dudas marca la diferencia entre normalidad y crisis.

Hay que entender que el proceso de organización y montaje de las elecciones programadas para el 15 de mayo del año entrante, se inicie y se ejecuta en su mayor parte durante 2014, por lo que la asignación de fondos especiales debería ser hoy y no mañana.

Por primera vez, después de la reforma constitucional de 2010, se celebrarán simultáneamente comicios para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, lo que supone un proceso complejo y costoso que requiere de recursos suministrados a tiempo.

Es por eso que se reclama que el Gobierno identifique cuanto antes las fuentes que se usarán para proveer financiamiento a la JCE y garantizar así elecciones libres, concurridas y transparentes.

Al agudo estrés a que la clase política somete a la población, no debería agregarse la incertidumbre de que por falta de recursos, los comicios del 2016, sucumban o no llenen las expectativas que exige una democracia que aspira a consolidarse por vía de una sana expresión de la voluntad popular.