Coincidente con la presión que ejercen Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y Canadá para que República Dominicana conceda estatus de refugiados a inmigrantes de Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retoma la cantaleta de que aquí se ejerce racismo y xenofobia contra haitianos.

Ante el inminente despliegue en el país vecino de una fuerza internacional de pacificación, dirigida por Kenia, la CIDH emite un informe en el que afirma que aquí se les niega la nacionalidad a personas haitianas debido a lo que define como “persistencia de un contexto de discriminación estructural en su contra”.

Los redactores de esa infamia no guardaron mínima apariencia ética con el lógico señalamiento de que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia doctrinaria que establece el génesis de la nacionalidad dominicana con la prevalencia del jus sanguinis, conforme lo consagra el constituyente desde 1929.

Esa comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), manipula aviesamente el alcance de la ley 169-14, al señalar que restituye nacionalidad, cuando lo que dispone es la regularización migratoria y deja expedito el camino jurídico para que extranjeros accedan a la naturalización.

La CIDH no se atrevería a denunciar racismo o xenofobia en Costa Rica, presionada por la inmigración ilegal de nicaragüenses, a Chile y Colombia, que bregan con oleajes migratorios desde Venezuela y Haití o a Estados Unidos, donde el tema migratorio supera al económico en el ámbito electoral.

La inmigración de indocumentados haitianos cubre ya gran parte del territorio nacional, con profusos asentamientos en zonas urbanas, comunidades suburbanas, rurales, agrícolas, industriales y turísticas, con abundante presencia laboral en sectores residenciales, sin que se mencionen incidentes racistas o xenófobos.

Corresponde al Gobierno evitar la repatriación de mujeres embarazadas o lactantes o menores sin el acompañamiento de sus padres o tutores. Es obvio que en esos casos el derecho internacional fija procedimientos que es menester cumplir.

A punto de estallar la crisis haitiana, con posible desbordamiento migratorio, a la CIDH se le ocurre reeditar su papel de entidad graciosa ante las grandes metrópolis y abusiva frente a una nación que, como República Dominicana, ha dicho y repetido que no forma parte de la solución a la crisis haitiana y de que no negocia su soberanía.