La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reenvió para el 15 de diciembre el conocimiento de los recursos de apelación interpuesto por los tres condenados a tres años de cárcel por el desfalco de más de 500 millones de pesos cometido contra la ARS Seguro Médico para Maestros (Semma).
El tribunal decidió reenviar el proceso a petición de una defensora pública, para darle la oportunidad que estudie el expediente del imputado Marcelino Rijo Guzmán, exdirector administrativo y financiero.
Se trata del conocimiento de los recursos contra la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condena a tres años de cárcel a la encargada del Departamento de Educación, Bélgica Díaz; al encargado del Departamento de Tesorería, Eddy Leonardo Terrero y a Rijo Guzmán.
Los tres fueron sentenciados, además, a pagar una indemnización de 500 mil pesos, cada uno, a favor del Estado Dominicano.
En total, eran seis los implicados, pero tres fueron descargados por el Tercer tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los descargados son Simón Bolívar Cepeda Mena, Fernando Adriano Conde y Ángelo Salazar Hernández.
En primer instancia, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado, presidido por el juez Rafael Pacheco, ponderaron su decisión con base a la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la cual calificó los hechos como prevaricación, desfalco, concusión, soborno, estafa y asociación de malhechores durante el ejercicio de las funciones de los imputados, en los años 2006, 2007, 2008 y 2009.
En ese período se manejaron partidas especiales provenientes de los descuentos aplicados a los afiliados, que ascendieron a un monto superior a los 500 millones de pesos.
El 9 de julio del 2012, la DPCA, dirigida por Hotoniel Bonilla García, presentó ante los tribunales a siete exfuncionarios del Semma, acusándolos de corrupción por haber manejado de forma irregular más de RD$540 millones.
Días después, el 12 de julio, más de cuatro mil maestros se constituyeron en parte civiles, a fin de querellarse contra los acusados.
