En nada ayuda a la democracia que afloren pugnas entre poderes públicos a causa de inconformidades por el monto de las partidas asignadas en el Presupuesto General del Estado, por lo que se requiere que antes de aprobar ese instrumento de desarrollo, el Congreso promueva espacio de reflexión y negociación.

Poder Judicial, Junta Central Electoral (JCE), Cámara de Cuentas y Tribunal Constitucional (TC) han expresado desaliento porque el Poder Ejecutivo no consignó aumento en sus respectivas asignaciones, como requirieron sus incumbentes.

La JCE ha advertido sobre la imposibilidad de organizar para 2016 elecciones limpias y concurridas sin contar para 2015 con los recursos indispensables, estimados en unos tres mil millones de pesos adicionales, para organizar ese certamen que incluye comicios presidenciales, congresuales y municipales.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha advertido que no “mendigará” ante el Ejecutivo un incremento de su presupuesto, pero advirtió a la sociedad que no podrá quejarse por las deficiencias que acuse el sistema de prestación de servicio judicial

La presidenta de la Cámara de Cuentas también expresó inconformidad porque no fue atendido el requerimiento de esa institución de un incremento sustancial en su asignación presupuestal, lo que limitaría la labor de esa instancia de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.

Como ejemplo de ese escenario de crispación se resalta lo dicho por el presidente del TC, doctor Milton Ray Guevara, de que el congelamiento en el Presupuesto de la partida asignada a ese tribunal representaría un “grave atentado a su autonomía presupuestaria”, además de levantar sospechas “sobre una posible tentativa de obstaculizar y lesionar su desempeño”.

No resulta de buen augurio que Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas y Junta Central Electoral conformen un coro de voces que desafine la melodía de buena relación y mejor entendimiento entre los poderes públicos, sostén esencial de la democracia política y de la institucionalidad jurídica.

Lo deseable sería que Gobierno y Congreso, junto a las instituciones del Estado que expresan inconformidad por sus respectivas asignaciones presupuestales inauguren de inmediato un espacio de reflexión y negociación en procura de posibles soluciones inspiradas en el pasaje bíblico sobre la distribución de panes y peces.