La existencia de medio centenar de oficiales generales activos en la Policía Nacional, más 1,500 coroneles y tenientes coroneles e igual cantidad de mayores, asignados en alrededor diez regiones en el territorio nacional, constituye una perturbación en las funciones naturales de la institución responsable de velar por la seguridad ciudadana, mantener el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas.

Esa estructura limita la posibilidad de supervisión y dirección efectiva por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, colocando en la práctica al Director y la plana mayor de la institución con una autoridad concentrada y descontrolada del poder civil, puesto que resulta ilusorio que el Presidente de la República pueda dedicarse a ejercer esa tarea; su actuación es puramente reactiva cuando desde la institución se desbordan los atropellos.

Así las cosas, el inaplazable cambio en la Policía Nacional debe iniciar por reorientar sus funciones, reasignar los estamentos existentes en dos estructuras formales, una estrictamente controlada por el Ministerio de Interior y Policía, con funciones de fuerza del orden público; y un cuerpo profesional y técnico bajo el control legal y disciplinario de la Procuraduría General de la República, para las investigaciones con fines judiciales, a ser realizadas con métodos científicos, que permita sustituir el actual sistema empírico de investigación, cuyo mejor exponente es la “fuente” proveniente de un infiltrado o soplón, lo cual alimenta la connivencia entre policías y delincuentes.

Ejecutar una verdadera y efectiva depuración de todos los integrantes del cuerpo del orden, que abarque el perfil y funciones que realiza; que el Ministerio de Interior y Policía ejerza las funciones de controlar sus actuaciones, las cuales deben concentrarse en la prevención del delito, mediante labor de seguridad, protección ciudadana y auxiliar del cuerpo técnico de investigación bajo la dirección del Ministerio Público.

Desmontar los rangos de la oficialidad superior, iniciando por los comprendidos entre teniente coronel y mayor general, hasta alcanzar en un plazo razonable la limitación a niveles de los puestos de mandos existentes, conforme a la ley. En el futuro, suprimirlos en forma total para que sean identificados con denominaciones que vayan en armonía con su naturaleza civil y en correlación con las funciones específicas que ocupen en las distintas dependencias.
Lic. Hotoniel Bonilla