El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado aplicar su vieja receta que consiste en reducir el déficit fiscal, disminuir el endeudamiento e incrementar los impuestos, remedio que por muchas razones no ha servido para blindar la economía ni disminuir la carencia de financiamiento para afrontar males medulares de la población.
La misión del FMI que ha revisado las cuentas nacionales ha advertido al Gobierno sobre el incremento de la deuda pública que superaría el 50% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), por lo que aconseja cumplir con la ley de capitalización del Banco Central y conjurar los atrasos en las transferencias de recursos hacia el subsector eléctrico.
Ocurre que, por presiones del propio FMI, se votó una ley mediante la cual el Poder Ejecutivo tendría que conjurar el enorme déficit cuasifiscal en un plazo de diez años, mediante aportes anuales al Banco Central, que para 2014 serían superiores a los 30 mil millones de pesos.
No se conoce otra economía de América Latina en la que se obligue al Gobierno a conjurar en un decenio el déficit causado por un crack económico y financiero, como el derivado de la quiebra bancaria de 2003, que superó los 100 mil millones de pesos. Lo sensato hubiese sido que ese programa se ejecutara en 15 o veinte años y en montos de transferencias relacionados con el volumen del Presupuesto Nacional y no con el PIB.
El otro factor que perturba los niveles de endeudamiento público lo representa el financiamiento al déficit del subsector eléctrico, que ha obligado a transferir más de US$4,200 millones durante la gestión del presidente Danilo Medina y más de US$10,000 millones en el último decenio.
¿De dónde y cómo la economía dominicana generaría los casi dos mil millones de dólares anuales que se requieren para conjurar déficit del Banco Central y del sector eléctrico? He ahí la causa principal del desbordante endeudamiento.
La receta del FMI, basada en pagar a tiempo a las empresas generadoras de electricidad y cumplir a pie de letra con la ley de capitalización del Banco Central, ha sido la misma ofrecida desde 2004, sin que haya surtido efectos notables sobre la economía dominicana, afectada por crónicos desequilibrios fiscales.
Esta vez, el presidente Danilo Medina tendrá que aplicar remedio casero para conjurar el déficit del subsector eléctrico, mientras el Congreso deberá replantearse una ley menos invasiva para reducir o eliminar el déficit cuasifiscal. A la clase política y sector productivo les corresponde el definitivo diseño de una reforma fiscal integral, que aumente la presión tributaria de un 14% a por lo menos un 18%, en proporción al PIB. Así de sencillo.