La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional remitió ayer a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación la recusación que contra la jueza Evelyn Rodríguez hizo la defensa de 15 implicados en una alegada red que se dedica al tráfico ilícito de migrantes. El expediente fue remitido vía la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional que preside el juez Alejandro Vargas.
El grupo de implicados, según el expediente, aprovecharon su condición de inspectores y supervisores de la Dirección General de Migración, Será una decisión del magistrado Julio Cesar CanóAlfau, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, si acoge o no la recusación de la jueza.
En caso de que sea acogida deberá designar un nuevo juez o de lo contrario, si es rechazada la recusación, será la misma magistrada Rodríguez que conocería la medida de coerción.
Los abogados alegan que la negativa o desacato de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, de poner en libertad a Flor Ángel Encarnación, favorecida con un recurso de hábeas corpus de los 15 acusados de integrar una supuesta red de tráfico de personas, ha impedido conocer la medida de coerción.
El abogado Juan José Fernández dijo que hasta que la Fiscalía cumpla con el mandato de la ley de ejecutar la sentencia que ordena la libertad, no conocerán la medida de coerción. “Hasta que sea puesta en libertad esa señora, para dar cumplimiento a un mandato constitucional, no será ventilada la medida de coerción”.
El abogado Jesús Catalino Martínez sostiene que recusaron a la magistrada por “no actuar como una tercera imparcial”.
Los imputados son Javier E. LirianoFéliz, señalado como uno de los cabecillas, su madre Benedicta Féliz Medina, Roy Miguel Liriano Féliz, Rafael Federico Pérez Pérez, Juan José Ortega Heredia y Miguel Euclides Laureano Reyes.
Además, Isael de Jesús Ayala de la Cruz o Ambrocio de Jesús Ayala Ángeles, Monika Gissel Pérez Rodríguez, Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez, Kelin A, Mora García, Ivelisse de Morla Zorrilla, Ramón Antonio Valdez Díaz, Michael Villar Reyes y Richard de Jesús Pérez.
El grupo está acusado de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, la Ley de Cédula y varios artículos del Código Penal Dominicano, al dedicarse al tráfico ilícito de migrantes desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos, Europa y otros países, cuyas operaciones realizaban a través de los diferentes aeropuertos del país.
Mientras que el Ministerio Público sostiene que los acusados alegadamente burlaban los controles migratorios de las autoridades para facilitar las salidas de personas del país, por cuyos servicios cobraban entre $350 mil y $500 mil, y consistían en facilitar documentos e identificaciones falsas.
