En primer lugar, la rendición de cuentas es externa, es decir plantea un acto de control o supervisión por parte de alguien que no es miembro del cuerpo o entidad sujeta a fiscalización.

· En segundo lugar, toda rendición de cuentas implica una interacción o un intercambio de al menos dos vías (la demanda de respuesta, una respuesta y eventualmente la rectificación). No es suficiente que haya actores dispuestos a rendir cuentas, se requiere de actores dispuestos a exigir cuentas.

· La rendición de cuentas supone el derecho de una autoridad superior, en el sentido de que los que demandan explicaciones lo hacen en función de poseer la autoridad para hacerlo y eventualmente imponer sanciones”.

La noción de rendición de cuentas encierra una dimensión legal y una política. La dimensión legal hace referencia a los mecanismos institucionales diseñados para asegurar que las acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas en el ámbito ético que prevé el orden Constitucional.

La dimensión política se refiere a la capacidad que tiene la ciudadanía, para reclamar que el accionar gubernamental refleje sus preferencias. Un gobierno rinde cuentas en la medida que los ciudadanos poseen mecanismos efectivos para hacer escuchar sus demandas de sancionar las administraciones que incumplen ese sagrado mandato.

En síntesis, podemos afirmar que el concepto de rendición de cuentas refiere una forma específica de fortalecer el vínculo entre representantes y representados en un país democrático.

Pablo del Rosario
Represión en Nicaragua
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condenó firmemente el nuevo ataque perpetrado en contra de las oficinas del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) de parte del gobierno Ortega Murillo el pasado 29 de enero.

Sus oficinas en Managua han sido destruidas y otra oficina ha sido destinada a un centro de salud.

Los integrantes vienen siendo objeto de agresiones, acoso, amenazas desde hace años. En el 2018 se le ha privado de su personería jurídica y sus bienes han sido confiscados.

El pasado 29 de enero en un claro intento de borrar la memoria histórica de esta organización, el gobierno ha ordenado la destrucción definitiva de sus oficinas.

Por. Manuel María Mercedes