El Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló dos resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE) que la obligan a emitir nuevas disposiciones sobre orden de colocación de organizaciones políticas en la boleta comicial y a modificar el financiamiento estatal a los partidos, que asciende este año a RD$1,500 millones.

La sentencia del TSE acoge parcialmente impugnaciones presentadas por los partidos Alianza País (Alpaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC) sobre decisiones de la JCE en torno a aporte económico y orden numérico en la papeleta electoral para las elecciones generales de 2028.

El órgano comicial deberá confeccionar la boleta electoral con un orden de jerarquía que refleje el porcentaje de votos obtenidos, tomando como referencia “todos los procesos ordinarios celebrados en un mismo año electoral y no a la “última elección”, conforme a la interpretación del artículo 61 de la ley 33-18 que ha dado el TSE.

La distribución de los recursos que otorga el Estado a los partidos se mantiene con una proporción del 80 % a los que obtuvieron más de un 5 % de los sufragios válidos; el 12 % a los que alcanzaron entre un 1 % y un 5 %, pero la sentencia dispone que del 8 % restante se incluya a los de nuevo registro y a los que conservaron su personalidad jurídica, aunque no compitieran.

Los partidos se vuelven muy diligentes en la presentación de instancias jurisdiccionales que permitan acceder a más fondos públicos y a acercar sus emblemas en posiciones de relevancia en la boleta electoral, pero poco se habla de aplicar restricciones a los porosos financiamientos que algunos reciben.

El propósito de esa sentencia sería el de garantizar principio de equidad entre los organizaciones que participan en comicios presidenciales, congresuales y municipales, pero disponer acceso al financiamiento estatal a agrupaciones que no alcancen porcentajes mínimos o no hayan participado en las últimas elecciones, parece exagerado.

La Ley de Partidos o la Ley Electora debería consignar algún límite a “las facilidades ampliadas” que se otorgan a organizaciones cuyo único propósito de existencia es aliarse en todas las elecciones a un partido mayoritario para que en caso de ganar incluyan a sus dueños en la distribución de cargos y prebendas de la administración pública.

No debería olvidarse que las millonarias aportaciones económicas del Estado a partidos, movimientos y agrupaciones políticas provienen de los impuestos que tributan personas físicas y jurídicas, por lo que a lo menos que se aspira es a que Gobierno, Congreso y propios organizaciones partidarias dispensen algo de consideración a los contribuyentes.