Río de Janeiro.– Decenas de residentes de los complejos de favelas de Penha y Alemão se manifestaron este viernes bajo el lema “Basta de masacre”, en rechazo al operativo policial más letal registrado en Brasil, que dejó al menos 121 personas muertas, 133 detenidos y más de 90 fusiles decomisados.
La marcha inició pasado el mediodía en el Complexo da Penha, donde organizaciones sociales y vecinos avanzaron por las calles hasta la plaza São Lucas, escenario de una desgarradora imagen: una hilera de más de 50 cadáveres colocados sobre el asfalto por los propios residentes, tras haberlos recuperado en áreas boscosas cercanas.
Luego, la movilización llegó al campo deportivo de la comunidad, donde se alzaron carteles contra la policía y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, señalado como responsable político de la operación. Destacaban pancartas con la frase “Fora Cláudio Castro” y banderas de Brasil manchadas de rojo, mientras muchos participantes vestían de blanco.
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Algunas camisetas mostraban mensajes como: “Solo quiero ser feliz y caminar tranquila por la favela en la que nací”. Otros optaron por pintarse las manos de rojo, simbolizando la sangre derramada.
Clamor nacional contra la violencia policial
Previo a la marcha en Río, familiares de las víctimas protestaron frente a la sede del Gobierno estatal exigiendo justicia. Manifestaciones similares fueron convocadas en otras ciudades como São Paulo, Brasilia y Salvador.
Los complejos de Penha y Alemão —donde viven alrededor de 200.000 personas— fueron el epicentro del operativo policial ejecutado el martes. Según las autoridades, la misión tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y poderosa del estado.
Balance contradictorio
El Gobierno regional reconoce 121 fallecidos, mientras que la Defensoría Pública eleva la cifra a 132. Aun así, el gobernador Castro calificó la operación como “exitosa”, asegurando que solo hubo cuatro víctimas policiales.
La Secretaría de Seguridad Pública afirmó que la mayoría de los muertos tenía antecedentes por delitos graves, como narcotráfico y homicidio. Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales denuncian ejecuciones extrajudiciales y abuso de la fuerza durante el operativo.
El Nacional
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