SANTO DOMINGO. — El abogado Hotoniel Bonilla afirmó que la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) que autoriza el uso de RD$12,500 millones provenientes de las reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales —y que dispone destinar RD$6,000 millones para cubrir el déficit de la ARS SeNaSa— contraviene la norma legal y podría constituir, en su opinión, una presunción razonable de ilícito penal.

Bonilla recuerda que la Ley 397-19 (creación del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL) establece de manera expresa el destino de los recursos administrados por el sistema: deben emplearse en la protección económica, social, laboral y de salud en el trabajo de los trabajadores dominicanos.

Según el jurista, la redacción dispositiva de la resolución del CNSS pretende dar apariencia de ajuste a los artículos 19 y 20 de esa ley al afirmar que los fondos se usarán para la “protección en salud de las personas a través de la ARS SeNaSa”, pero —sostiene— esa redacción se aparta del mandato legal, que prioriza la protección de los trabajadores.

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El abogado advierte además que la maniobra se produce en un contexto sensible: el Gobierno y el Ministerio Público han informado sobre una investigación penal en torno a presuntas irregularidades y malversación de fondos en SeNaSa.

Por ello, Bonilla considera que la resolución puede ser interpretada como una medida con apariencia institucional diseñada para atenuar las consecuencias sociales del presunto ilícito o, incluso, para facilitar la ocultación de infracciones en investigación.

A su juicio, si las autoridades de IDOPRIL acatan la resolución sin realizar las advertencias legales pertinentes ni adoptar medidas cautelares, esa actuación configuraría una presunción iuris tantum de desfalco al destinar recursos a fines distintos a los previstos por la ley especial que los creó. En términos prácticos, ello implicaría que la conducta administrativa podría ser considerada como apropiación o desviación de fondos legislados para un uso específico.

Por todo lo anterior, Bonilla exige la revocación inmediata de la resolución por parte del CNSS y plantea que, de mantenerse, ésta deberá ser impugnada por IDOPRIL o cualquier otra entidad facultada, por ser contraria a la normativa vigente y al principio de legalidad en la administración de recursos de seguridad social.

El abogado concluye subrayando la necesidad de que las decisiones sobre fondos públicos se adopten con estricto apego a la ley y con mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas, sobre todo cuando existen investigaciones penales en curso.