Desde comienzo de los años ochenta, dominicanas organizadas en grupos de reflexión feminista, empezamos a alertar en el país acerca de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, como la última y más grande de todas.

Hablamos con autoridades que administraron el Estado desde entonces, tratando de advertirles que cuando un crimen tan complejo socioculturalmente llega a una sociedad, si esta no establece desde el propio poder las políticas públicas capaces de reformar, ese crimen se entroniza y va en aumento.
Firmamos acuerdos interinstitucionales e intersectoriales, leyes y protocolos, y personas clave que implementaron espacios interesantes que, duraron lo que ellas en el poder.

Otros, se cumplieron poco, porque las administraciones solo apoyan «planes piloto» para el momento de gloria en la prensa o hasta que cambian incumbencias, pero no sostienen estas políticas porque no las entienden y porque el dinero que consiguen «no es para temas de las mujeres», una idea prolongación de la cultura de desigualdad y hegemonía masculina y además, porque hay mucha corrupción a desmontar.

Año tras año, hubo estudios y diagnósticos sobre el fenómeno, reuniones en otros países donde también, era y es preocupación. Se facilitaron talleres, cursos, diplomados, posgrados y maestrías, tratando que, teoría y experiencia, nos llevara a revertir una realidad que nos supera, y creyendo que se preparaban recursos humanos capaces para un sistema de prevención y atención que no tuvo poder ni se aplicó a cabalidad.

También fuimos a la comunidad hablando de este fenómeno sociocultural tan prevenible, explicando ciclos, causas y consecuencias y alertando como, en ese entorno, inmediato y mediato, todas las personas somos responsables de contener o no el maltrato basado en el género contra las mujeres, sea por ignorancia y adhesión a los roles, mitos y estereotipos.

Escribimos haciendo pública la preocupación con detalles, llamando la atención de cada historia contada por el feminicidio de una dominicana.

Pero hubo pocos cambios y las cosas siguen igual: misma rutina, mismas alianzas, misma práctica politiquera que no solo no desmonta prácticas, sino que profundiza la resistencia a modificarlas.

Entonces, a las autoridades en este mes de noviembre, recordarles que, si quieren saber el porqué, el cómo y el cuándo al menos dispongan un año de emergencia nacional, que identifiquen presupuesto, controlen la corrupción que afecta, sobre todo, a las mujeres, y apliquen consecuencias.
La responsabilidad de controlar prácticas y actitudes desfavorables a la mitad del país es de toda la sociedad y con políticas necesarias aplicadas para las dominicanas.