La Junta Central Electoral (JCE) figura entre instituciones y dependencias oficiales que se quejan por las insuficientes partidas asignadas en el proyecto de Presupuesto General del Estado 2015, lo que obliga al Congreso a revisar esa pieza para precisar qué se quita y qué se pone, conforme a necesidad y disponibilidad.

El caso de la JCE parece particularmente difícil, en razón de que los recursos asignados ascienden a RD$3,150 millones, pero su presidente, doctor Roberto Rosario, afirma que los compromisos superarían los ocho mil millones de pesos.

Ya antes, el titular de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, advirtió que el servicio judicial no llenaría expectativas de eficiencia con la partida asignada en el Presupuesto, mientras que la fiscal del Distrito previno un colapso del sistema judicial.

El pleno de la JCE acordó remitir una comunicación al presidente Danilo Medina y a los titulares del Congreso para recordar que los preparativos de organización de las elecciones de 2016 deben comenzar en 2015, por lo que se requiere incrementar la asignación a esa institución.

No se niega razón ni sustento a la queja externada por el doctor Rosario, en torno a la insuficiencia de los recursos asignados a la JCE, pero es pertinente señalar que cualquier solución que se procure debería oscilar entre lo ideal y lo posible.

Los comicios presidenciales, congresuales y municipales de 2016 son definidos como muy complejos por lo que se requiere de recursos suficientes para suplir todos los requerimientos que garanticen elevados estándares de participación, transparencia y resultados rápidos y creíbles.

La solicitud de aumento en la partida de la Junta es, por tanto, justificada, igual que la solicitud formulada por la Suprema Corte y otras instituciones oficiales cuyo accionar signa cuestiones esenciales de convivencia democrática y social.

Gobierno, Congreso y propios reclamantes deberían tomar muy en cuenta que la Ley de gastos públicos 2015 debe armonizar con el estimado de ingreso y con la meta de reducción del déficit fiscal, por lo que todas las instituciones del Estado y del Gobierno están compelidas a reducir sustancialmente sus niveles de egresos.