A todo lo que debe aspirar una sociedad con vocación democrática es a la aplicación, respeto y observancia de la ley, a partir de lo cual se emprenden desde el Gobierno y la población todas las iniciativas de desarrollo y convivencia sin temores de anarquía jurídica o de prevalencia de impunidad.

Si la justicia y Ministerio Público desvirtúan sus roles y se convierten en ejes protagónicos de un circo mediático, muy probablemente la sociedad toda resulte infectada de una desesperanza sin antídoto, porque no sería posible mudar otro paso en dirección al anhelado estadio de orden y equidad si en el camino se coloca un valladar de inseguridad jurídica.

La consolidación del espacio democrático está asociada a ingentes esfuerzos que realizan poderes públicos, partidos, academias, gremios empresariales y sindicales e instituciones de la sociedad civil por redactar y promover el conjunto de normativas jurídicas que garanticen derechos, fijen deberes y obligaciones y prevean castigo para los infractores de la ley.

Todos los ciudadanos deberían ser iguales ante la ley, sin privilegio ni discrimen, preceptos cuya custodia está a cargo de jueces y fiscales a quienes les está vedado incurrir en temeridades procesales o manchar la toga con la afrenta de la prevaricación. El juez imparte justicia con apego al fardo probatorio de cargo o descargo, y el fiscal persigue y acusa apegado al derecho.

Jueces ni fiscales deberían exponerse a que sus sentencias o dictámenes sean vinculadas con desagradables colisiones de intereses políticos, corporativos o de cualquier otra índole, muy alejado de su obligación de administrar justicia y procurar que la comprobada comisión de un crimen, delito o cuasi delito, reciba la correspondiente sanción penal o civil.

El Consejo del Poder Judicial y el órgano colegiado del Ministerio Público están compelidos a evitar que el desbordamiento de incidentes procesales dentro o fuera de audiencia lacere principios éticos, morales o de probidad que a su vez desvirtúan el principio constitucional del debido proceso.

Las audiencias judiciales deberían atraer la atención de los medios de comunicación y de la ciudadana, no por tremendismo de sus protagonistas, sino por las lucidas intervenciones de representantes del Ministerio Público, defensa o parte civil constituida, quienes deberían exponer o mostrar contundentes fardos probatorios o singulares interpretaciones de la ley, doctrina o jurisprudencia.

Los tribunales no son ni pueden ser traspatio de vecinas o tabernas para conciliábulos, sino un olimpo de jueces y fiscales probos que desempeñan la sagrada misión de administrar sana justicia, sin temor ni favor, con sentencia sustentada en pruebas y evidencias y con sanciones o descargos apegados a la ley.