El Gobierno ha prometido que durante lo que resta de mandato no ejecutará nuevas reformas impositivas que impliquen más tributos, por lo que el pacto fiscal que se gestiona con el sector productivo tendría vigencia, en cuanto a aplicación impositiva, a partir del 16 de agosto de 2016.

No se niega que esa promesa tiene el efecto de bálsamo sobre la epidermis de la población contra la cual choca la mayoría de los latigazos que infringe la administración tributaria, pero falta saber si el remedio se torna peor que la enfermedad.

Se sabe que el Gobierno logró reducir un déficit fiscal de más de 120 mil millones de pesos (6.6% del PIB) a unos 70 mil millones (2,8%), lo que constituye un significativo logro, pero aun así, la carga del servicio de la deuda pública es todavía muy pesada.

En comparación con el crecimiento vegetativo de la economía y de la inflación acumulada, los ingresos fiscales se mantienen estancados, al punto que la presión tributaria es de un 13.7% con relación al PIB, el nivel más bajo de América Latina, con excepción de Guatemala.
A más de eso, el Gobierno debe transferir cada año más de cincuenta mil millones de pesos al subsector eléctrico para conjurar déficit operacional de las empresas distribuidoras de electricidad, fondos que provienen de más endeudamiento, especialmente a través de los fondos de Petrocaribe.

Como si fuera poco, el Estado deja de percibir casi 140 mil millones de pesos anuales al disponer de exoneraciones y exenciones al sector productivo de bienes y servicios en eternos programas de promoción de competitividad que no son fiscalizados por ninguna autoridad competente.

Así las cosas, las finanzas públicas operan con déficit real de casi cien mil millones de pesos (4% del PIB), pues siempre que se disminuye el monto se subestima el valor de la transferencia presupuestaria que se realiza al subsector eléctrico y del servicio de la deuda externa.
Es por eso que se advierte que el Gobierno tendrá que agenciarse más recursos por vía de atacar con firmeza y sin contemplaciones la evasión y elusión fiscal, así como procurar que en ese pacto fiscal se acuerde disminuir de manera sustancial el caudal de exoneraciones y exenciones. No solo de ruegos a María, vive la Iglesia.