Desde 1992, en la Cumbre de Río de Janeiro, los representantes gubernamentales de los países participantes firmaron un instrumento jurídico internacional, denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para considerar la estabilización de la emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción del calentamiento global y hacer frente al incremento de la temperatura media del Planeta.

Posteriormente, con el objetivo de limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), fue aprobado un tratado jurídicamente vinculante llamado Protocolo de kyoto para los países que corresponden al Anexo I (A-I) que hoy son 37 países correspondientes a las economías más prosperas del planeta, que tienen metas obligatorias de reducción de emisiones de acuerdo a lo estipulado en texto del Protocolo.

Tomando en consideración que el objetivo último de la CMNUCC es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias Antropogénicas (de origen humano) peligrosas en el sistema climático».

Y que además «ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga hasta alcanzar la sostenibilidad.»

La República Dominicana como miembro fundador de las Naciones Unidas se adhirió, como estado miembro a dicho al Protocolo, el 12 de febrero del 2002 y el citado instrumento jurídico internacional entró en vigor el 16 de febrero del 2005, o sea tres años más tarde.

Desde la fecha anteriormente, la República Dominicana viene trabajando, a nivel nacional, en la implementación de los objetivos, planes, programas y proyectos que se desprenden de los compromisos consignados.

Desde entonces, a nivel internacional nuestro país participa en el proceso de negociación en el marco de la Convención sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto para mejorar la gestión operativa del multilateralismo ambiental.

Recientemente, a principios del mes de octubre se llevo a cabo, la reunión preparatoria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la ciudad de Panamá, en la República del mismo nombre y la misma sirvió como antesala a la reunión de las Conferencia de Partes -COP17- a celebrarse en Durban, Sudáfrica del 29 de noviembre al 9 de diciembre próximo.

Los temas de mitigación, adaptación, transferencia tecnológica, financiamiento y construcción de capacidades han continuado siendo objeto de negociación y su abordaje a través de las propuestas de textos o mejoramiento de los mismos dentro de los órganos permanentes de la Convención (Órganos Subsidiarios de Implementación y el Órgano de Asesoramiento Científico y Tecnológico) han ido evolucionando de manera lenta y no han satisfecho las expectativas que tienen las sociedades del mundo que no participa de manera directa en las negociaciones.

Como parte del mandato de la Conferencia de las Partes en Bali (COP-13), se establecieron los Grupos de Trabajos Especiales bajo la Convención (Grupo de Trabajo de Acción Cooperativa a Largo Plazo y Grupo de Trabajo para el Protocolo de Kyoto), con el objetivo de iniciar las conversaciones y definir un posible camino ambicioso como segundo periodo de compromiso posterior al 2012.

Lo cual fue refrendado mediante los acuerdos de Cancún, producto de los trabajos dentro de la 16Ava Conferencia de las Partes en Cancún, México en diciembre del 2010.

Dicho balance va más allá de las compensaciones por daños que el cambio climático ocasiona o de eventuales beneficios nacionales o regionales (ej.: incentivos por sembrar o mantener bosque, fondo para atención de desastres).

Lo que está en juego en las negociaciones sobre cambio climático es la viabilidad a corto plazo de las sociedades humanas y de las diferentes formas de vida en la Tierra en el afán de no cumplir sus compromisos ante la CMNUCC y de no adoptar metas ambiciosas y legalmente vinculantes de reducción de sus emisiones bajo el Protocolo de Kioto en un 2º período de compromisos post-2012.

Los acuerdos alcanzados hasta el momento no dicen cómo, cuándo y cuánto disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero, ni hacen operativo el fondo de 30.000 millones de dólares que había sido formalmente ofrecido en 2009 para el trienio 2010/2 en el Acuerdo de Copenhague, del cual ya transcurrió un tercio del tiempo.

La respuesta que demanda el cambio climático es adaptación a las nuevas condiciones y reducción de emisiones. El Protocolo de Kyoto se refiere a esto último, a la mitigación, y prácticamente no trata la adaptación.

El documento aprobado en Cancún declara que se dará idéntica prioridad a ambos temas, pero eso está por verse.

La adaptación es obligada y necesaria en todas partes, pero los efectos del cambio climático se notan con mayor rigor en los países en desarrollo que tiene menor capacidad y recursos para adaptarse como el caso de nuestro país.

La mitigación es una acción política que se concibió hace 20 años como una responsabilidad que los países desarrollados, pero no todos lo hicieron.

Ahora las economías emergentes, que son naciones con gravitación global en los ámbitos económico y estratégico, también tienen gravitación global en el cambio climático.

Consecuentemente la mitigación a partir de ahora requiere la incorporación de los Estados Unidos que se excluyó de los compromisos de Kyoto, y también de los mega-países en desarrollo como China, Brasil, India y Sudáfrica.