El caso del secuestro de Eduardo Baldera Gómez el 18 de septiembre y la muerte en circunstancias no esclarecidas de dos alegados participantes en ese hecho, toma hoy un giro aun más agobiante por el torrente de versiones oficiosas que apuntan a que fue perpetrado por un supuesto grupo subversivo que desde hace tiempo pretende instalar aquí la industria del secuestro.

Medios de comunicación difunden noticias, que dicen obtener en fuentes confiables, de que ese secuestro formaría parte de una serie de acciones de ese tipo que se llevarían a cabo en la zona del Cibao, por un supuesto comando, cuyos integrantes la Policía tiene ya identificados.

Se hace referencia de conversaciones telefónicas entre supuestos secuestradores con gente de notoriedad pública, que habría recopilado la Policía mediante interceptación autorizada por un juez.

Otra versión que circula se refiere al memorando que el coronel Alberto Trejo, comandante de la Unidad Antiterrorismo de la Policía, dirigió al jefe de la institución en el que afirma que Cecilio Díaz y William de Jesús Batista, dos de los supuestos raptores, cayeron abatidos cuando el primero, ya en poder de las autoridades, guiaba a una patrulla hacia el lugar donde se ocultaban otros tres secuestradores, que dijo habrían atacado a balazos a sus persecutores.

Virgilio Almánzar, cuyo nombre se mencionó entre los implicados en el secuestro ha negado participación en los hechos, aunque válido es decir que hasta ahora la Policía ni el Ministerio Público han formalizado acusación alguna.

Ante tan compleja telaraña de rumores sobre el secuestro de Baldera Gómez y sus posibles raptores, conviene que Policía y Fiscalía ayuden a disipar la tensa humareda.

Las versiones se refieren a un supuesto comando político militar que ejecutaría un rosario de secuestros en la zona del Cibao, denuncia que requiere ser avalada por correspondientes evidencias y pruebas. Son palabras mayores.