Tres ministerios, los ayuntamientos y Proconsumidor acordaron unificar acciones para garantizar inocuidad en la elaboración, higiene y manipulación de los alimentos, un gran esfuerzo destinado a promover calidad y sanidad de todo lo que consume la población.

Ese acuerdo incluye también la aplicación de medidas drásticas contra personas físicas o jurídicas que comercialicen alimentos y productos contaminados con bacterias o sustancias nocivas que son portadores de más de 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer.

Desde tiempos inmemoriales, la ciudadanía ha estado virtualmente a merced de una extendida conducta inescrupulosa que consiste en vender veneno disfrazado de alimentos o medicina, incluso artículos de uso alterno como cosméticos, cremas o jabones, con su composición química alterada.

Es por eso que se saluda la iniciativa asumida por Salud Pública, Industria y Comercio, Agricultura, Federación de Ayuntamientos y Proconsumidor, en la esperanza de que no se trate de una mera declaración de intención con motivo de conmemorarse ayer el Día Mundial de la Salud.

República Dominicana está muy lejos de poder disponer de un sistema de trazabilidad de alimentos que permita rastrear todos los puntos desde la cadena de producción al consumo de cada alimento, aunque se resalta que el acuerdo interinstitucional puede ser un primer paso en firme.

La representante de la Organización Panamericana de la Salud, que junto al presidente del Colegio Médico, sirvió de testigo del referido convenio, ofreció el escalofriante dato de que más de dos millones de niños mueren en el mundo a causa de diarrea provocada por el consumo de alimentos insalubres.

Se requiere imponer controles en los centros de acopio de productos agrícolas y pecuarios, industria, agroindustria, comercio y en todos los centros de expendio al detalle o a granel de alimentos, convertidos en fuentes de enfermedades que causan ausentismo laboral o escolar y hasta la muerte. Las autoridades deben implementar campañas educativas dirigidas a promover venta y consumo de alimentos que no afecten la salud.

Ese programa debería comenzar por el sometimiento a la justicia de quienes expendan alimentos o medicinas contaminados o vencidos, porque mientras se diseñan medidas de prevención y educación, se requiere salvaguardar la salud de los consumidores.