En una revisión de nómina, el Ministerio de Educación comprobó que 3,929 maestros cobran sin trabajar, cuya inmediata separación representará un ahorro al Estado de más de 117 millones de pesos, vergonzosa supuración de dilatada corrupción alentada por inaceptable inobservancia o cómplices padrinazgos.

En vez de respaldar toda medida destinada a garantizar transparencia en el uso de fondos públicos, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió sobre posible retraso en el inicio del nuevo año escolar por la iniciativa de las autoridades de auditar su registro de docentes.

Se entiende que de una matrícula de más de 90 mil maestros, muchos laboren en una escuela pese a estar asignados a otra, pero lo que resulta vergonzoso es que casi cuatro mil supuestos educadores cobren sin trabajar, o lo que es lo mismo, sustraer dinero de los contribuyentes.

Ese mayúsculo escándalo representa un claro indicador de que el cáncer de la corrupción o de los antivalores ya ha hecho metástasis en el tuétano del Estado y de la sociedad, sin importar si quien prevarica roba mucho o poco.

La conquista del 4% para la educación representó un triunfo para una sociedad que reclamó mayor atención oficial a la escuela básica y pre-universitaria, pero también ha significado un sacrificio presupuestal, por lo que constituye un crimen que miles de personas se inserten en forma parasitaria en la nómina pública.

Autoridades educativas y la dirección de la ADP están compelidos a ofrecer una explicación sobre las razones por las cuales no habían sido detectados los casi cuatro mil maestros que cobraban sin trabajar, porque no resulta comprensible que uno y otros ignoraran la magnitud de esa desvergüenza.

Se reclama también que el Ministerio de Educación audite la nómina de adjudicación de construcciones de escuelas y otras edificaciones escolares para determinar si el mioma de la prevaricación también ha estado presente en la erogación para este año de más de 130 mil millones de pesos, equivalentes al 4% del PIB.

Todos los ministerios y direcciones generales tienen la obligación de auditar cuanto antes sus respectivas nóminas para detectar con nombres y apellidos a miles de sanguijuelas, que al igual que en Educación, cobran sin trabajar.