PARÏS, (AFP) – Inculpación del expresidente Nicolas Sarkozy, investigación judicial sobre el ministro del Presupuesto Jérôme Cahuzac, que dimitió, allanamiento en la casa de la directora del FMI y exministra Christine Lagarde: la semana político-judicial fue intensa en Francia, donde la justicia reivindica su independencia frente a las críticas.

La inculpación del expresidente Sarkozy el jueves en Burdeos (suroeste) se pronunció al día siguiente de que la policía registrara el domicilio parisino de su exministra de Economía y actual directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, sospechosa de haber favorecido al empresario Bernard Tapie en un arbitraje sobre un contencioso con el banco Crédit Lyonnais.

En el marco de esta investigación, los jueces registraron asimismo el domicilio de Claude Guéant, cuyo papel en el caso, cuando era secretario general de la presidencia, tratan de determinar.

La víspera, dos jueces de instrucción fueron designados para investigar sobre la posible posesión de cuentas bancarias en el extranjero del ministro del Presupuesto, el socialista Jérôme Cahuzac, que se vio obligado a renunciar a su cargo.

Algunos miembros del principal partido de la oposición de derecha francesa, la UMP (Unión por un Movimiento Popular), se declararon sorprendidos por un calendario judicial que podría comprometer el retorno de Sarkozy a la vida política, considerando que puede tratarse de una «instrumentalización» política o incluso una revancha de los magistrados, tratados con desdén por Sarkozy cuando era jefe de Estado.

«No hay relación entre estos casos, es un azar», declaró a la AFP, reaccionando a esos comentarios, Christophe Régnard, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), principal sindicato francés de la profesión.

«Ciudadanos como los demás»

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Sarkozy fue inculpado por abuso de debilidad en el caso que concierne a Liliane Bettencourt, heredera del gigante mundial de los cosméticos L’Oréal, por el juez de instrucción bordelés Jean-Michel Gentil; Jerôme Cahuzac es objeto de una investigación judicial decidida por el fiscal de París François Molins; por su parte, Lagarde es investigada por decisión de la Corte de Justicia de la República, única instancia habilitada en Francia para juzgar a ministros por actos ocurridos en el ejercicio de sus funciones.

Según Régnard, «no se trata de una voluntad de revancha» del cuerpo judicial maltratado por los políticos. «La justicia sigue su curso» y, si los políticos están concernidos hoy, es porque «son ciudadanos como los demás».

El Sindicato de la Magistratura consideró también «inadmisibles» los «ataques contra la independencia de los magistrados que se limitan a hacer su trabajo».

«Hoy es la derecha la que grita, ayer fue la izquierda», alegó Régnard, denunciando las violentas críticas de la UMP que, cerrando filas detrás de su exdirigente, no vacila en zarandear el principio constitucional de separación de los poderes.

Las principales figuras de la UMP no escatimaron las críticas a la inculpación de Sarkozy, calificada de «injusta», «extravagante», «surrealista» o «escandalosa». Uno de los allegados del expresidente, el diputado Henri Guaino, llegó incluso a afirmar que el juez «deshonró a un hombre, a las instituciones y a la justicia».

«Es Guaino quien deshonra su función», replicó indignado Régnard.

«Nuestra clase política tiene dificultades en soportar la existencia de una justicia independiente», estimó Nicolas Dupont-Aignan, dirigente del partido de derecha En pie la República.

La izquierda y el partido centrista MoDem tomaron también la defensa de los jueces. El primer secretario del Partido Socialista, Harlem Désir, consideró «insoportable» que «se cuestione la probidad y la independencia de los jueces, y advirtió contra las «presiones». Por su parte, el líder centrista François Bayrou afirmó que «los ataques infundados contra los jueces son ataques contra la democracia».

Ante la multiplicación de las críticas, la ministra de Justicia, Christiane Taubira, aseguró a los magistrados que tienen su apoyo y recordó solemnemente que «la independencia de la autoridad judicial está garantizada por la Constitución».

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