El presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, llamó hoy a los jueces a actuar con rigor para erradicar las maniobras dilatorias de los procesos y aplicar mecanismos administrativos, como la extensión del horario de labores para erradicar la mora judicial.

“ La justicia tardía pierde el derecho a su nombre. No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales o que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia estén en retardo”, precisó Molina Peña durante la audiencia solemne del Día del Poder Judicial, que encabezó el presidente Danilo Medina.

Dijo que trabajará para lograr la confianza de la población en la administración de justicia y precisó que la SCJ tiene 18 mil 357 casos pendientes de fallo y anunció que se asumirá de inmediato a conocer los casos de mayor antigüedad.
Instó a los administradores de justicia a combatir la inequidad y a aplicar mecanismos distintos de distribución de los casos en los tribunales.

“No es razonable que si nuestra principal tarea es impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32 %”, precisó.
Destacó que 774 de los 778 jueces que tiene el Poder Judicial son de carrera y que desde ese poder del Estado se está trabajando en el fortalecimiento de la ética y la disciplina para lograr una justicia más transparente.

“Con ello se persigue un mayor rigor y cumplimiento de las reglas, mayor capacidad de rendición de cuentas y evaluación de los indicadores de desempeño”, enfatizó Molina durante la audiencia solemne realizada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.

Violencia contra mujer

“La protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia contra la mujer se ha expresado en nuestro país, constituye un dolor y una gran vergüenza que debe llamarnos a reflexión y sobre todo a la acción”, precisó.

Dijo estar plenamente consciente de que la celeridad en la solución de las controversias sometidas al conocimiento de la justicia no puede sustituir la calidad y pertinencia de las decisiones que esta tome.

“Pero la demora en la solución de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento atenta contra la dignidad de las personas, nos priva de la seguridad jurídica indispensable para una convivencia pacífica, próspera y democrática frente a este mal, una combinación de resignación y apatía se ha instalado al interior de nuestro sistema. La desesperanza, aprendida tras tantos intentos de derrotar la enfermedad parece dominar muchos espíritus”, añadió.

Agregó Molina que “también asumiré los casos de la primera década de este siglo para reducir el rezago del tribunal que presido. De igual modo mis pares. En tercer lugar, nos corresponde asumir el desafío de revisar nuestros procedimientos y prácticas. En una primera etapa, ha sido indispensable estudiar los procedimientos internos del Poder Judicial, llenos de vericuetos y complicaciones inútiles que son fuente cierta de demora”.

Sostuvo que la Suprema Corte se dispone, sin pausa ni tregua, a reglar sus procedimientos internos para asegurar que conduzcan tanto como sea posible al establecimiento de estándares y usos que mejoren dicha situación.

“Hace pocos meses, la Corte de Casación francesa, la decana del sistema de casación, sepultó los viejos estilos de redacción de sentencias. Recargados de repeticiones y formalismos, esas usanzas no aportaban nada a la calidad del fallo. Hace tan solo algunas semanas, la Audiencia Provincial de Madrid regularizó la extensión y estilo de los escritos que se le presentan, algo que ya había hecho antes el Tribunal Supremo español”, dijo.

Insistió en que la inequidad en la distribución de la carga judicial “también nos enfrenta a preguntas relacionadas con la eficiencia presupuestaria y de gasto.