La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó una solicitud de la Cámara de Diputados, con la cual perseguía que se suspenda la ejecución de una sentencia mediante la cual se le ordena entregar a un ciudadano copia certificada de la nómina de ese organismo legislativo.

Con la decisión, la Suprema Corte de Justicia validó una sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en la cual se ordena a la Cámara de Diputados entregar al señor Alberto Paulino Vallejo copia certificada de la nómina de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo que establece la Ley 2000-04 sobre libre acceso a la información pública.

La sentencia condena a la Cámara de Diputados al pago de cinco mil pesos diarios a favor del señor Paulino Vallejo por cada día que de retardo en la entrega del documento solicitado.

Paulino Vallejo tuvo ganancia de causa en la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, pero la sentencia fue recurrida en casación por la Cámara de Diputados a través de sus abogados Eduardo Jorge Prats y Santiago Rodríguez.

El caso fue conocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el cual desestimó la solicitud de suspensión de ejecución de dicha sentencia.

Con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el señor Paulino Vallejo quedó facultado para ejecutar la sentencia por ante la Cámara de Diputados.