Con la elección por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de los jueces del Tribunal Electoral Superior (TES), cuya presidencia recayó en el doctor Mariano Rodríguez, se cae la impugnación contra los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) presentada por el doctor Enmanuel Esquea Guerrero y el comando de campaña de Hipólito Mejía.

Con la conformación del Tribunal Electoral Superior se desploma los argumentos de inconstitucionalidad e ilegalidad atribuida a la JCE en la instancia de la Comisión Presidencial del candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), debido a que el CNM, encabezado por el presidente Leonel Fernández, dio cumplimiento al mandato de la Constitución para que el TSE funcione de manera superior a lo que fue la Cámara Contenciosa.

Mediante acto de alguacil, Esquea Guerrero, junto a Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Dipp, César Cedeño y apoyado por el candidato Mejía, notificaron al presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez y demás miembros, que usurpan funciones que corresponden a los dos organismos eliminados por la Constitución.

En el documento, rechazado a unanimidad por el pleno de la Junta, Esquea atribuyó ilegítimidad porque conforme a la nueva Constitución las cámaras Administrativa y Contenciosa debieron seguir funcionando hasta la conformación del Tribunal Superior Electoral, lo que hizo el martes pasado el CNM.

Los miembros de la JCE anunciaron que no cesarán en sus funciones como demandó el consejo de asesores Hipólito, ya que sostienen que su permanencia es legítima y está amparada en el artículo 275 de la Constitución .Rosario Márquez restó calidad jurídica para intimarlos a dejar sus cargos.

El presidente del PRD, Miguel Vargas, y el secretario general, Orlando Jorge Mera, reaccionaron a la decisión de Esquea, en el sentido de que no fueron consultados y que no era la posición del partido.

Mejía, en un acto en Santiago, aclaró que no era una posición institucional, sino de su comando de campaña.

La séptima disposición transitoria, contenida en el capítulo ll, título XV, de la Constitución expresa: Los actuales integrantes de la JCE permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes.

El Senado, encabezado por Reinaldo Pared Pérez, no observó ese mandato para designar a los miembros de la JCE, quienes asumieron en sus cargos, abandonando de inmediato sus puestos la Cámara Contenciosa, tres de los cuales fueron ascendidos a las altas cortes.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, por mandato de la Carta Magna, debieron integrarse antes de la designación de los miembros de la JCE.

Sin embargo, dos años después fue conformado, por conflictos partidarios e intereses en el Congreso, que obligó a pactar entre el presidente Fernández y Vargas. Y al igual que ahora, fue criticado por Mejía.

Nadie, hasta la queja de Esquea, había notado el fallo, pero para los juristas y organismos sociales y el Congreso, la legalidad y sus acciones de los miembros de la JCE, nunca estuvo en entredicho de manera institucional.

Junto con la impugnación a la JCE, Esquea envió cartas a los pasados jueces de la Contenciosa para que se integraran a sus labores, pero no hicieron caso ni tampoco comentaron, debido a que esperaban ser designados en las altas cortes, como fueron los casos de Mariano Rodríguez, presidente del TSE, y los miembros de ese organismo John Guilliani, y Leyla Piña.

La conformación de estos tribunales fue criticada de manera dura por el candidato perredeísta Mejía, quien entiende que se burló al país.

Contrario a esa posición, el presidente del PRD, Vargas consideró la conformación de las altas cortes como un avance de las instituciones democráticas.

UN APUNTE

Hubo error, no ilegalidad

Tratadistas creen que no hay dudas de que hubo una situación de irregularidad, aunque no de ilegalidad y calidad, en la conformación de la JCE, ante el mandato transitorio constitucional y que no hubo intención del limbo, sino que por conflictos partidarios en el Congreso no se pudo designar a tiempo el TSE, y lo peor: la clase política no se percató.