La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su informe preliminar sobre el comportamiento de las economías de la región, afirmó que República Dominicana terminará el año con un crecimiento de su producto interno bruto de un 4.5 por ciento con una tasa de inflación de un 8 por ciento.

En el documento, la entidad regional precisó que en el marco de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, durante 2011 la política macroeconómica ha estado caracterizada por un retiro del estímulo fiscal otorgado durante la primera mitad del 2010, la focalización de subsidios generalizados, así como por incrementos en la tasa de referencia de la política monetaria orientados a moderar el crecimiento en el otorgamiento de crédito al sector privado.

En consecuencia, prevé que la tasa de crecimiento del PIB que en 2010 fue de 7,8%, ha experimentado una desaceleración, registrando 4,2% durante el periodo enero-septiembre de 2011 y se estima un alza de 4,5% para el año en su conjunto.

Desde finales de 2010, afirmó la entidad, se dio un repunte en los precios domésticos, que llevó la tasa anualizada de inflación hasta 10% durante julio de 2011. Sin embargo, las presiones inflacionarias comenzaron a ceder a partir del tercer trimestre, con lo cual se proyecta que la inflación interanual a final de año será de 8% frente a 6,3% del año anterior.

Debido al incremento del precio internacional de petróleo, la reducción de las transferencias al sector eléctrico fue menor a la esperada. Esta situación obligó al gobierno a reducir en 12% el presupuesto corriente, excluyendo servicios sociales, lo que aunado a la contracción de 2,2% en el gasto de capital permitió reducir los gastos totales un punto del PIB para finalizar el 2011 en 15,4%, indicó.

Con el fin de garantizar el logro de la meta acordada con el FMI, de un déficit del gobierno equivalente a 1,6% del PIB (frente a 2,5% en 2010), el gobierno introdujo nuevos gravámenes e instrumentó diversas medidas encaminadas a incrementar la recaudación. Este resultado permitirá reducir el saldo de la deuda pública del sector público no financiero en un monto equivalente al 0,7% del PIB.