Después de tres décadas de planteada la modificación al Código Penal dominicano y frente al reinicio del proceso legislativo, la semana pasada comentábamos acerca de las primeras propuestas presentadas antes del anteproyecto sometido por el senador Antonio Taveras, anotando el desfase de las versiones de los legisladores Genao y la diputada Suárez con la necesidad de una ley penal moderna que proteja a la sociedad y respete principios establecidos.
Esta nueva propuesta del senador Taveras contempla varios aspectos que no están presentes en los proyectos anteriores y que valdrá la pena mirar porque, aunque todo es mejorable, se acerca a la modificación requerida en estos últimos 30 años.
Y todo parece indicar que el Congreso dominicano en su función representativa y política, no lo va a tener tan fácil en adelante: hay personas que analizan esta parte del proceso con experticia en técnicas y contenidos, acuerdos internacionales y obligaciones constitucionales sin interpretaciones manipuladas.
En general, ante la visión extremadamente punitiva, la exoneración de responsabilidad a ciertos actores -como iglesias, partidos, etc.-, la desproporción de castigos sin enfoque de rehabilitación, la discriminación de las personas, la falta de protección a las víctimas y los vacíos legales, de las anteriores, la propuesta del senador Taveras, cambia el panorama.
Taveras, aplica el principio de intervención mínima penal y promueve mecanismos alternativos como la mediación y la justicia restaurativa, además, detalla la responsabilidad de las empresas, para lo que incluye sanciones, programas de cumplimiento y atenuantes para los casos de cooperación y establece cómo las penas deben cumplir un propósito de reinserción social y dignidad humana.
También, mientras los otros proyectos limitan la violencia institucional al abuso policial, el de Taveras abarca el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales y las detenciones arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas a las personas privadas de libertad.
Por supuesto que, mientras los primeros proyectos presentados no contienen un sistema de apoyo para las víctimas, el del senador Taveras garantiza la protección especial a las víctimas de Violencia de Género, Abuso Infantil y Trata de Personas, con asesoramiento legal y apoyo emocional y penaliza explícitamente el trabajo forzado, la explotación laboral y la servidumbre moderna.
Es de relevancia que las primeras versiones presentadas mantengan el mismo atrasado perfil de “siempre lo mismo” como si la seguridad de seguir sin cambios porque los votos están asegurados, fuera la regla empleada que se lleva todo por delante, como en estos 30 años.