El Tribunal Constitucional anuló y expulsó del ordenamiento jurídico dominicano la ley 1-24 que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia al considerarla no conforme con la Constitución, sentencia sanadora que fortalece la institucionalidad democrática.

La razón principal por la que esa alta corte inhabilitó ese estatuto ha sido porque no fue aprobado como ley orgánica ni esa fue la intención del Congreso Nacional, pero esa legislación, promulgada por el Poder Ejecutivo en su esencia violaba derechos fundamentales.

El artículo 11 de la ley anulada por el TC obligaba a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas a entregarle a la DNI todas las informaciones que requiriera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

La función del juez como intérprete de la ley y tutelar de derecho había sido desalojada en esa ley y concedida a los agentes de la DNI que la aplicarían a discreción en perjuicio de derechos fundamentales a la intimidad y honor personal.

La libertad de prensa, de expresión y de información también sería lacerada por ese estatuto, invalidado por el Tribunal Constitucional que acogió una instancia elevada por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).

El Congreso debería revisar su accionar en el abordaje de proyectos que una vez sancionados son atacados por su contrariedad con la Constitución y por fallas de normativas esenciales en su aprobación, como fueron los casos de la ley 1-24 y del estatuto que modificó el Código Procesal Penal (CPP), también anulado por el TC.

Ojalá que esta vez el Poder Ejecutivo asuma la lección heredada de la sanadora sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley de la DNI, para que en el futuro se revisen cuidadosamente todas las leyes u ordenanzas que requieran la promulgación del presidente de la República.

Con la anulación de la referida ley, el Texto Sustantivo y la institucionalidad democrática han sido librados de un grave peligro que puso en ascuas derechos que sirven de sostén esencial a eso que llaman democracia, episodio aciago que no debería repetirse bajo ningún subterfugio, ni siquiera con el de que se protege el de la seguridad nacional, que se enarboló para violar la Constitución.