El silencio del Gobierno ante la denuncia sobre secuestro o agresión contra personal del consulado dominicano en Anse-à-Pitres, construcción de un barrio en Montellano, Puerto Plata, para indocumentados y la acusación del embajador de Haití contra la prensa encrespan el ánimo de una ciudadanía que al menos merece alguna explicación, orientación o defensa oficial ante tales sucesos.

La Cancillería no se ha referido al ataque a pedradas de que fue objeto la sede consular dominicana en el pueblo haitiano vecino a Pedernales por una turba que reclamaba la liberación de pescadores haitianos presos por incursionar en franja marítima del fuero nacional.

Los manifestantes retuvieron a ciudadanos dominicanos, incluido personal del consulado, que sólo liberaron cuando las autoridades repatriaron a los pescadores haitianos apresados y devolvieron los equipos incautados, por lo que literalmente se trató de un “intercambio de prisioneros”.

Una comisión oficial comprobó que en el asentamiento levantado en la comunidad Los Algodones, del municipio Montellano, con financiamiento de una fundación canadiense, se albergarán mil 198 haitianos, la mayoría indocumentados, y sólo dos dominicanos.

El más elemental sentido común indica que cualquier ONG extranjera que acometa tal iniciativa, debe recabar los permisos correspondientes, incluidas las certificaciones de la Dirección de Migración que indiquen que los extranjeros beneficiados con viviendas residen legalmente en territorio nacional.

En Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ni en otra parte se permite que ninguna entidad extranjera disponga construir por su cuenta una aldea para alojar indocumentados, pero aquí eso se hace en propias narices de las autoridades.

El embajador de Haití, Fritz Cineas, ha pretendido minimizar los sucesos de Anse-à-Pitres, con una burda acusación contra la prensa dominicana, a la que acusó desde el mismo Palacio Nacional de exagerar lo acontecido e instigar el deterioro de los nexos entre vecinos. Una acusación irresponsable que se rechaza tajantemente.

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez interpreta el sentir ciudadano al reclamar del presidente Danilo Medina que se pronuncie sobre esos preocupantes incidentes que sin dudas degradan el manto soberano que debe cobijar por siempre a la Patria.