Al fragor de una cruenta campaña internacional de descrédito contra República Dominicana, el Gobierno inició ayer la entrega de los primeros 50 mil carnés de residencia temporal y permanente a ciudadanos extranjeros que completaron su documentación de registro en el Plan Nacional de Regularización Migratoria.

Está previsto que 288,466 extranjeros indocumentados reciban el documento que acredita su residencia legal en territorio dominicano, aunque muchos aún no completan los requisitos de identidad establecidos en ese programa que se corresponde con lo dispuesto en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

A pesar de que las autoridades cumplen cabalmente con su legislación migratoria y de que no se conoce de ningún caso de violación a los derechos humanos, el Gobierno de Haití, lleva a cabo una ofensiva de infamia y denuestos contra sus vecinos, a los que acusa de provocar una crisis humanitaria regional y de intentar desestabilizar a ese país.

El presidente Michel Martelly, el primer ministro Evans Paul y el embajador ante la OEA, Boccit Edmond, propagan el infundio de que el Gobierno dominicano patrocina deportaciones masivas y forzosas de haitianos, cuando la verdad es que el programa de repatriación previsto en la ley aún no ha sido aplicado.

Lo que ha hecho el Gobierno es facilitar el retorno voluntario de más de 30 mil indocumentados de ese país que no lograron inscribirse en el Plan de Regularización Migratoria por falta e irresponsabilidad imputada a autoridades haitianas que nunca le facilitaron la documentación de identidad requerida.

En vez de canalizar la ayuda internacional que recibe Haití para socorrer a sus nacionales, el gobierno de Martelly prefiere dilapidar recursos en patrocinar lobbismo en grandes metrópolis y organismos internacionales en procura de desacreditar a República Dominicana.

El presidente Martelly, el ministro Paul y el embajador Edmond mienten deliberadamente al acusar al Gobierno dominicano de disponer deportaciones de ciudadanos haitianos que han presentado documentación legal o de desalojar por la fuerza a miles de sus compatriotas sin ofrecerles oportunidad de cargar con sus pertenencias.

Ante esas inaceptables infamias, Gobierno y Estado dominicanos están compelidos a mantener en firme el propósito de cumplir al pie de la letra con la ley de regularización y control migratorio, al tiempo que defiende donde quiera que sea necesario la honra de la República.