Aunque el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Julio César Souffront Velázquez, ha prometido que las Fuerzas Armadas darán “una respuesta contundente” a oficiales superiores y subalternos vinculados con el narcotráfico, en la mayoría de los casos la sanción se limita a la cancelación o “retiro forzoso”.

El titular de la DNCD dijo que se concluyó una investigación y se realiza otra sobre varios generales y coroneles “que han traicionado el uniforme” al facilitar “el tránsito de drogas por aeropuertos, muelles y fronteras”, lo que constituye infracciones tipificadas como criminales por el Código Penal.

Se menciona la cancelación o puesta en retiro forzoso de un general y seis coroneles de la Fuerza Aérea, según consta en la orden general No. 52-15, del 28 de octubre, aunque su contenido no ha sido anunciado oficialmente por el Ministerio de Defensa.

Por lo dicho por el general Souffront, lo que se lleva a cabo en los institutos castrenses es una amplia profilaxis para detectar entre su oficialidad y mandos menores a individuos vinculados con el narcotráfico, tráfico de armas, sobornos y otras infracciones, quienes serían expulsados de manera sumaria.
Lo que no se entiende es por qué esos oficiales, clases y alistados contra quienes se recolectan pruebas de cargo, no resultan también sometidos a la justicia por la comisión de tales crímenes, ni se determina si han acumulado bienes procedentes de esas actividades ilícitas.

Con toda razón, muchos de esos oficiales cancelados o puestos en retiro forzoso acuden al Tribunal Constitucional para reivindicar su derecho constitucional a la presunción de inocencia y reclamar reposición en sus rangos y cargos, la mayoría de los cuales han obtenido ganancia de causa.

Expulsar a un general o coronel por su vinculación con el narcotráfico es una sanción de tipo disciplinaria, pero no punible o jurídica, que solo está reservada a los tribunales de la República. ¿Por qué el alto mando militar no traduce a esos oficiales a la jurisdicción penal? ¿Por qué no lo hace de oficio el Ministerio Público?

El Ministerio de Defensa está en obligación de preservar la presunción de inocencia de esos oficiales investigados y sancionados, pero también de traducir a la justicia ordinaria a cualquier uniformado, sin importar su rango, que se le demuestre vinculación al narcotráfico o cualquier otra infracción criminal. Sin discrimen ni privilegio.