El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, debe evitar juicio a priori sobre los 21 mil millones de pesos que según él pagaron a contratistas durante la transición el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La operación es de por sí alarmante, y más si los recursos no estaban presupuestados y se carece de los soportes de la Contraloría General y de la Tesorería de la República.
Con la investigación que solicitó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo es más que suficiente para determinar si en los desembolsos, que se efectuarían del 31 de julio al 14 de agosto, se incurrió en irregularidades legales.
Insinuar corrupción en los pagos, como evidencia la citación de los 11,500 millones de pesos para la adquisición de asfalto y otras supuestas transacciones, es contaminar la investigación de antemano.
El Nacional
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