El presidente Danilo Medina otorgó anoche pensión privilegiada a más de 6,500 servidores públicos de las áreas asistencial y administrativa del Servicio Nacional de Salud, una medida sin precedentes con la cual el Gobierno cumple con uno de los principales reclamos de los gremios del sector salud.
Las pensiones, que incluyen a empleados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y de Salud Pública, serán equivalentes al último salario, más incentivos, además de unificarse los casos en los cuales el empleado trabaja en dos dependencias estatales.
Miles de empleados y funcionarios administrativos que prestan servicios por más de 20 años en centros asistenciales o en labores de oficinas obtendrán el beneficio de una pensión que por otorgarse en condiciones privilegiadas requiere de un decreto presidencial.
Se trata de una iniciativa oficial de gran trascendencia y largo alcance, que brinda justicia en favor de profesionales y empleados que han dedicado su vida laboral en el sector salud y que ya requieren de un justificado retiro con una pensión digna.
El anuncio sobre las pensiones otorgadas a 6,500 empleados del sector salud, sorprende al Colegio Médico Dominicano embarcado en una cruzada de paros y huelgas en hospitales públicos, de cuyo “éxito” se pavonea su titular, Waldo Ariel Suero.
Seguramente que entre los miles de pensionados figura una legión de médicos que también prestaron durante muchos años sus servicios en centros asistenciales oficiales, tiempo durante el cual liberaron a miles de pacientes pobres de sus dolencias.
El Gobierno debería disponer en lo inmediato de un aumento de salarios en favor de todos los galenos que laboran en el Servicio Nacional de Salud, incluido también la unificación de salarios y la preservación de los incentivos, en el entendido de que más temprano que tarde, la directiva del Colegio Médico recobrará la sensatez.
Se resalta como justa y oportuna la medida presidencial que pensiona a miles de servidores del sector salud, al tiempo que se aboga para que autoridades y gremios diriman diferencias y trabajen en procura de garantizar el derecho de la población a acceder a un servicio hospitalario digno y eficiente.