El Gobierno conformó ayer la comisión que participará en el diálogo con Haití acordado en Venezuela por los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly para explorar vías de solución a la crisis bilateral causada por la sentencia del Tribunal Constitucional que define el alcance de la nacionalidad dominicana. Esa comisión, integrada por los ministros de la presidencia, Gustavo Montalvo; de Interior y Policía, José Ramón Fadul; de Industria y Comercio, José del Castillo; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el vice canciller, José Manuel Trullols, tiene la encomienda mayor de invocar el derecho de República Dominicana a ejercer plena soberanía.

En esa jornada dialogante, que se inicia el martes en la comunidad haitiana de Juana Méndez, no estaría en discusión la prerrogativa de un órgano jurisdiccional del Estado de estatuir sobre un tema de su competencia, aunque se consideraría que una sentencia se aplique sin erosionar derechos humanos o inalienables. Ha hecho bien el Gobierno dominicano en advertir que la ejecución del Plan de Regularización de Extranjeros ordenado en la sentencia del Tribunal Constitucional no está condicionada al diálogo domínico haitiano, como tampoco debería debatirse lo relacionado con la legitimidad de ese fallo.

Se ha dicho que en la agenda de ese diálogo figuran temas de gran relevancia que figuran en la agenda bilateral como el relacionado con el fomento y preservación del medio ambiente en la isla, control fitosanitario, seguridad fronteriza y comercio. El ministro Montalvo, quien preside la comisión de funcionarios que participará en ese diálogo con Haití, ha dicho que República Dominicana asiste a ese encuentro “de buena fe para conversar de manera franca y sincera”, aunque es menester advertir que en ningún modo esas conversaciones pueden convertirse en forma de patíbulo.

Duele decirlo, pero el Gobierno haitiano no se ha hecho merecedor de que se le asigne debida cuota de confianza y credibilidad sobre la certidumbre de su comportamiento durante y después de ese diálogo que procura zanjar diferencias en torno a los efectos de una decisión jurídica vinculante con la soberanía nacional.

Se reclama de los comisionados nacionales alejarse de la sumisión y el temor, reiterar la voluntad del Gobierno y Estado de consensuar formas de solucionar afectación causada por la referida sentencia, sin ceder ni un ápice en el sagrado derecho de República Dominicana a ejercer su absoluta y total soberanía.