Santo Domingo.- El Sindicato de Choferes de la Provincia La Altagracia (Sichoprola) denunció este martes la existencia de una presunta red criminal que opera en la región Este del país bajo la fachada de una organización sindical, con el supuesto respaldo de autoridades judiciales y exfuncionarios del Ministerio Público.

Según Leonte Torres Jiménez, secretario general de Sichoprola, esta estructura estaría integrada por individuos deportados desde Estados Unidos por diversos delitos, y estaría siendo favorecida por la jueza Karina Colomé Abreu, quien —afirmó— ha ignorado decisiones judiciales firmes en favor del sindicato, dando validez a certificaciones cuestionadas emitidas por la Federación Autónoma Clasista.

Torres Jiménez sostuvo que entre las sentencias desestimadas por la magistrada se encuentran la No. 633-2017 de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, la No. 001-033-2018 de la Suprema Corte de Justicia, la No. 651-2023-SSEN-00369 que lo ratifica como secretario general del sindicato, y la No. 2013-09-328 que ordena al exasesor de transporte del Poder Ejecutivo, Guido Cabrera Martínez, rendir cuentas sobre los fondos y bienes de Sichoprola.

El sindicato también denunció la firma irregular de un contrato de cesión mediante el cual Juan Contreras Martínez, Yuni Castro Montilla, Guido Cabrera Martínez y Eloy de Jesús transfirieron todos los bienes de Sichoprola a la Asociación de Propietarios de Transporte de la Provincia La Altagracia (Aptpra) y su grupo afiliado, sin contar con la autoridad legal para ello.

Como parte del expediente, Sichoprola incluyó la certificación del acta de audiencia No. 01053/2016, en la que los propios Contreras y Castro admiten que los bienes de Aptpra pertenecen al sindicato, así como copias de cheques originalmente emitidos a nombre de Sichoprola, pero depositados en cuentas de Aptpra y de particulares.

Pese a que el gremio ha depositado ante el tribunal 62 pruebas documentales, la jueza Colomé Abreu rechazó imponer medida de coerción contra los implicados, argumentando insuficiencia de pruebas. Sichoprola anunció que esa decisión será apelada.

El sindicato informó que el próximo jueves 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís conocerá la solicitud de medida de coerción contra los presuntos involucrados en este caso.

Finalmente, Sichoprola hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, así como al Consejo Superior del Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial, para que se garantice la transparencia del proceso y se ponga fin al tráfico de influencias que, según denuncian, sigue protegiendo a este grupo en el sector transporte de la provincia La Altagracia.