El director de Prisiones narra a El Nacional la situación real de los centros de privados de libertad del país.
Aunque es innegable la guerra emprendida por el Poder Judicial dominicano contra la mora y su esfuerzo por eficientizar, agilizar y modernizar la administración de justicia, más allá de las rejas se revela una verdad que no se puede ocultar: rescatar y humanizar el régimen penitenciario del país requiere una inversión superior a los 4 mil millones de pesos solo en infraestructura carcelaria.
El Programa de Optimización del Proceso Penal en la República Dominicana, según sus propulsores, ha removido las raíces de la justicia. Sin embargo, sus beneficios aún no logran impactar el sistema penitenciario, atrapado durante décadas en el abandono, el hacinamiento y el maltrato hacia los privados de libertad.
Necesidades
Estructuras insuficientes, 19 centros bajo el control de la Policía y el Ejército, cuatro provincias sin recintos penitenciarios, falta de coordinación entre los actores del sistema judicial y penitenciario, así como carencia de personal calificado, son parte de los males que golpean al sistema.
La humanización del sistema penitenciario figura entre las principales metas del Programa de Optimización del Proceso Penal.
Sin embargo, según el director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, y los penitenciaristas Rafael Báez y Roberto Santana, el régimen actual “se ha convertido en una fábrica de delincuencia, desde donde se orquestan crímenes atroces que conmueven a la sociedad dominicana, porque en vez de rehabilitar a los privados de libertad, lo que hace es corromperlos”.
Gracias al Catastro Penitenciario, impulsado por la Procuraduría General de la República, el desorden en la falta de control no es aún mayor, según el director de Prisiones y Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, quien relató con detalles las precariedades que aún gravitan sobre los recintos carcelarios.
“Que los jueces y fiscales hagan su trabajo y que no nos sigan llenando las cárceles de privados de libertad sin razón, que nos dejen tranquilos para trabajar con los que sí merecen estar ahí, pero que no nos mantengan las cárceles llenas por una multa de quinientos pesos”, expresó Santana.
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El funcionario detalló que “para la construcción de las cárceles que se requieren se necesita una inversión de más de cuatro mil millones de pesos al año para construir infraestructura».
En sus esfuerzos por transformar el sistema, Santana ha encontrado oposición de sectores que —según él— “han vivido del caos y la corrupción dentro de las cárceles”.“Ellos lo saben y yo también lo sé, nos conocemos”, advirtió.
Pese a esos obstáculos, el director de Prisiones asegura que el proceso no tiene vuelta atrás:“Fui llamado por el Gobierno y la Procuraduría para ayudar en esta transición. Estoy aquí con el respaldo de la Presidencia, y al director de Prisiones hay que abrirle la puerta donde quiera que vaya, no importa que sea general, coronel o quien sea”.
Abogado del Estado
El exabogado del Estado, Jorge López Hilario, quien ha participado en los casos importante de corrupción administrativa destaca la importancia del Programa de Optimización del Proceso Pernal , el cual plantea mecanismos alternos para que las partes puedan arribar a acuerdos para reducir la carga penal.
“En nuestra experiencia, podemos afirmar que ha mejorado significativamente en los casos complejos, el reto debe ser llevar esta cultura de resolución alterna a los casos ordinario que día día se presentan en los tribunales penales. Por igual, hemos observado una mejoría en la respuesta a los usuarios, como ocurre con las ordenes de libertad que se están ejecutando de una manera más eficiente”, expresó el jurista.
El penalista ve unas mejoras palpables en el proyecto. “más acuerdos y con ello solución en tiempo reducido del proceso penal, sin agotar todas las etapas del proceso penal, así como menores tiempos para la emisión de órdenes de libertad. Esa agilización se traduce en que menos procesos se quedan estancados y la mora se reduce”, enfatizó.
Espera una mayor fluidez procesal, menos duplicidad de trámites y reducción del tiempo entre audiencias. Lo que se traduciría en la culminación de procesos en plazos razonables.
Acuerdos
Partes de los acuerdos hechos por el Ministerio Público en casos de corrupción administrativa superan los RD$6,000 millones en el período 2021-2025, lo que muestra su efectividad y la necesidad de educar sobre las ventajas del programa de Optimización del Proceso Penal como solución de conflictos.
Reflexión final
El sistema penitenciario dominicano enfrenta una encrucijada entre el abandono histórico y la oportunidad de una verdadera transformación. El Programa de Optimización del Proceso Penal ha encendido una chispa de cambio, pero sin recursos sostenibles, por lo que esa transformación está incompleta.
Como sociedad, el reto no es solo construir más cárceles, sino construir oportunidades: rescatar la dignidad, promover la reinserción y comprender que la seguridad ciudadana no se fortalece castigando, sino rehabilitando y previniendo.
