La “democracia representativa” atraviesa una crisis que se refleja en las sucesivas elecciones marcadas por la abstención. Cada vez más ciudadanos se alejan de las urnas, descreídos de partidos y dirigentes que, desde hace décadas, gobiernan con la misma lógica de clientelismo, corrupción y saqueo de lo público.
Los casos de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hoy ventilados en los tribunales —Medusa, Antipulpo, Coral—, dejaron claro cómo se convirtió el Estado en un suculento botín.

De su lado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader no han roto con ese modelo: han reproducido prácticas de favoritismo, endeudamiento y concentración de poder que profundizan la crisis.

La deuda pública ha alcanzado niveles récord bajo el actual gobierno, superando los 70 mil millones de dólares. Se han contratado préstamos millonarios con el argumento de infraestructura y desarrollo.
Sin embargo, los hospitales continúan colapsados, las escuelas carecen de recursos, la electricidad, la crisis en el suministro de agua potable y el costo de la canasta básica asfixia a la mayoría de los hogares.

Mientras tanto, obras emblemáticas como Punta Catalina, marcada desde sus inicios por irregularidades y sobrevaluaciones, siguen drenando recursos del erario sin transparencia, creando desconcierto.

El Congreso Nacional, bajo control del PRM y aliados, aprueba sin mayores cuestionamientos contratos, préstamos y leyes que responden a intereses de grandes grupos empresariales y financieros.

La corrupción socava el Estado, donde las licitaciones millonarias emanan lo propio de la podredumbre. Este sistema político, sostenido en pactos de élites y la complicidad de los tres poderes estatales, está agotado.