Al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se le atribuye decir que la Comisión de la OEA que inició hoy una visita a República Dominicana para verificar medidas de control migratorio que aplica el Gobierno, tendría el propósito de procurar “una solución duradera” al conflicto dominico-haitiano.

El Gobierno dominicano no ha escogido a la OEA como escenario o vía arbitral para negociar solución a ningún impasse con Haití, por lo que el secretario Almagro no puede arrogarse tal prerrogativa ni cambiar la naturaleza u objetivo de la misión de esa institución que es la de verificar si el país cumple o incumple normativas internacionales referidas a los derechos humanos.

Lo deseable sería que Haití y República Dominicana encuentren una solución duradera que ponga fin a sus divergencias sobre el tema migratorio, pero lo que ha pedido Puerto Príncipe es que la comunidad internacional sancione a Santo Domingo por la supuesta desnacionalización de miles de personas de ascendencia haitiana y la expulsión en masa de indocumentados de ese país.

Lo que se dirime no es un conflicto relacionado con la interpretación de la Carta de los Estados, que sustenta la convivencia regional, sino la naturaleza infamante y afrentosa de una campaña internacional que Haití ha emprendido contra el gentilicio dominicano.

El presidente Michel Martelly, el primer ministro Evans Paul, el canciller Lerner Renauld y el embajador ante la OEA, Bocchit Edmond, han articulado una campaña de mentiras y descréditos contra República Dominicana que imposibilita cualquier iniciativa dialogante entre ambos países, a menos que cesen de inmediato tales infamias.

La parcialidad del secretario de la OEA ha sido más que evidente, al pretender ordenar al Gobierno dominicano el cese inmediato del retorno voluntario de inmigrantes haitianos o de supuestas repatriaciones masivas o al dar por hecho cierto denuncias de Haití, sin el debido sustento probatorio sobre violaciones a derechos humanos contra ciudadanos haitianos.

Es por eso que se adelanta categórico rechazo a cualquier maniobra imperial en la que pueda incurrir la misión de la OEA que desde hoy verifica el derecho inalienable del Gobierno dominicano de disponer medidas de control migratorio en su territorio.

Los dominicanos no olvidan el ominoso rol asumido por la OEA para legalizar la grosera intervención militar de Estados Unidos contra República Dominicana el 28 de abril de 1965. Que esos comisionados tengan bien claro que hoy al igual que hace 50 años, República Dominicana no acepta ni permite ningún tipo de intromisión que colisione con su soberanía.