(y II)
Exista o no una agenda encubierta e inconfesada y un proyecto escrito, la incontenible emigración de haitianos, estimulada por sus autoridades ilegítimas en el barrote de la presión de gobiernos y organismos internacionales, encarrila a una mezcla de los dos conglomerados disímiles en la República Dominicana.

El espantajo reverbera como un axioma: si en 1920 en la República Dominicana había 28 mil 258 haitianos, conforme el censo de ese año, y un siglo después (2023), esa población de extranjeros se calcula en más de tres millones, está claro que ha estado en marcha un proceso de integración humano-social territorial.
¿Asimilación a resultas de la intensa convivencia por
la ejecución de un gran proyecto laboral o un Estado binacional?
¿Fusión informal por aparearse, ayuntarse o juntarse forzado por una circunstancia?
La presión de la ONU y otras instancias del exterior e interna busca empujar hacia dos objetivos:
1.- Que la República Dominicana acoja a todos los haitianos que toquen su suelo, que no sean repatriados y que les ofrezcan –en las mejores condiciones- los puestos de trabajo y los servicios de salud, educación y otros que no puede brindar a sus hijos.

El santo y la seña se sintetizan en seis palabras: ¡Ante la desgracia haitiana, solución dominicana!
Para muestra basta un botón (1 de marzo de 2018): cuando desbordadamente ingresan al país ilegales haitianos, “el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, sostuvo que la política migratoria del país va en su justa dirección”.

2.- Que la República Dominicana reforme su Constitución y sus leyes, alegando una supuesta fuerza decisoria de tratados internacionales.

Otra ilustración: 27 de febrero de 2018, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invocó ayer el diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno de República Dominicana para solucionar los conflictos derivados de la migración de ciudadanos de Haití”, es decir, para que sean cambiadas las leyes sobre el desplazamiento humano. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, advirtió que “El gobierno debe mostrarse justo y enérgico… o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional”.

En su pretensión de doblegar a las autoridades dominicanas para que no se obstaculice el flujo de haitianos, ni éstos sean repatriados, organismos internacionales y diplomáticos acuden a acusaciones falaces y a condenas en foros y tribunales internacionales.

En la prosecución de su ponderado afán y defensa del territorio nacional, el jefe del Estado dominicano ha creado una comisión, integrada por representantes del gobierno, partidos políticos y académicos, para explicar en el plano internacional los perjuicios que acarrea la caótica crisis que se registra en Haití. ¡Adelante…!